Se vota, pero no se elige: Elección judicial entre la incertidumbre y la farsa

¿Qué implica la próxima elección judicial?, ¿en qué riesgo se encuentra la independencia judicial? Compilamos los temas más relevantes de la semana, empezando por la simulación de elección que viviremos el 1 de junio, la idoneidad de los candidatos, así como la calidad de la justicia y el Estado de derecho en México.

Además te contamos sobre la censura aplicada a la presidenta Claudia Sheinbaum por maestros de la CNTE, que impidieron el ingreso de la prensa a la conferencia “del pueblo”. Y te decimos también qué pasó con la farsa de los “conversatorios” sobre la Ley de Telecomunicaciones.

Para que te mantengas informado con lo más relevante, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta algunos de los temas de interés en México para este fin de semana.

Fue el miércoles 21 de mayo cuando maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aplicaron a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, una muestra de lo que implica la censura, al impedir el acceso de funcionarios y reporteros a Palacio Nacional para cubrir la llamada “mañanera del pueblo”.

Si bien la conferencia se realizó en línea, la mandataria asistió a un enorme Salón de Tesorería vacío y así, la comunicación no fluyó de la misma manera.

Como dijo Alejandro Villalvazo, la presidenta fue censurada por los maestros, quienes “le echaron candado a la puerta de Palacio Nacional. A golpes y patadas no dejaron pasar a los reporteros y camarógrafos”, y la Mañanera se convirtió en un fiasco.

Refiere que “los aplaudidores no pudieron celebrar los otros datos que hay en seguridad, salud, educación, economía. Y digo los otros datos, ¿por qué? Los datos de la realidad tienen al país vomitando sangre, tienen a los hospitales sin medicamentos, a las escuelas sin agua, sin luz, sin techo”.

Con la acción de los maestros, opinó Villalvazo, “se marchitó la mal llamada prensa independiente. Esa mordaza que te pusieron los maestros merece un tache, orejas de burro. Esa censura de los maestros de la coordinadora es tan inaceptable como tu Ley Censura. Esa que quieres imponer con la autoridad del autoritario. Ley censura que empieza con C y termina con A. De presidenta censurada con A”, refiriendo a como ha sido denominada popularmente la nueva Ley de Telecomunicaciones.

Así, la mañanera fue boicoteada por maestros de la CNTE, personas de un sector muy conocido por la presidenta Claudia Sheinbaum.⁣ “Esto parece ser una técnica para hacer presión en Palacio Nacional”, como dice Annalu.

Retomando el tema, fiasco y desconfianza fue el resultado de los llamados conversatorios sobre la Ley de Telecomunicaciones (o como ya mencionamos, la Ley Censura); que se realizaron en el Senado de la República la última semana. Esta reforma se turnó a comisiones sin modificaciones sustanciales y se espera que antes del 30 de junio se convoque a un periodo extraordinario para su discusión y aprobación definitiva. Básicamente como la Elección Judicial, otra cosa simulada en este país.

Desde el inicio, quedó claro que el artífice principal de la ley, José Peña Merino, nunca asistió a las reuniones y por ello, la senadora del PRI, Claudia Anaya, expresó su decepción ante este hecho: “Me parece que es delicado que sólo se haga lo que él anunció porque en ese sentido todo esto del parlamento abierto habrá sido una tomadura de pelo para los especialistas y para toda la gente que nos escuchó".

Otra preocupación central fue la concentración de “superpoderes” en la Agencia de Transformación Digital, que dirige Merino, y que según expertos podría vulnerar la vida privada y la seguridad de los ciudadanos. La Ley Telecomunicaciones, centraliza las decisiones de autorización o penalización en una sola entidad y a criterio de ella misma. La redacción deja en evidencia vacíos que pueden ser utilizados de manera arbitraria por esa nueva figura para justificar cualquier acción que requiera, incluyendo consultar movimientos bancarios, llamadas o mensajes de cualquier ciudadano.

Vladimir Chorny, investigador de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, advirtió sobre posibles usos indebidos de la información: “Situaciones de espionaje, de vigilancia, de acceder a información… Es gravísimo porque ya existen los mecanismos con los cuales las autoridades acceden a datos conservados y los han utilizado para presionar a periodistas, opositores políticos y defensores de derechos humanos… Eso lo tenemos nosotros documentado”.

Legisladores señalaron que esta ley le daría al gobierno el poder de controlar cualquier narrativa, lo que sería un golpe fatal para un México libre y democrático. Alejandra Barrales puntualizó: “Han utilizado a este Senado para destruir las instituciones de este país… ya no tenemos un Instituto de Acceso a la Información, ya no tenemos ese instituto de competencia, ya no tenemos el órgano regulador de telecomunicaciones”.

Durante las cinco sesiones, los verdaderos especialistas en telecomunicaciones aprovecharon la plataforma para advertir sobre los peligros que la ley representaría para la libertad de expresión en México. José Antonio García Herrera, presidente de la CIRT, señaló con contundencia: “Si nosotros atentamos o sobrerregulamos el contenido de los medios de comunicación de manera excesiva como lo es la radio y la televisión, obviamente estamos atentando contra la libertad de expresión y la democracia en este país”.

El consenso fue que la propuesta de ley pone en riesgo un derecho fundamental que, hasta ahora, aún se conserva en el país.

La apresurada y descuidada reforma judicial impulsada por el régimen morenista, en alianza con el PT y el Partido Verde, está generando otro episodio de tensión política y cuestionamientos legislativos en México.

A solo unos días de la elección judicial del 1 de junio, los diputados de la mayoría oficialista aprobaron en comisiones un dictamen que modifica la Constitución para corregir errores en la redacción original de la reforma, lo que demuestra las fallas de origen en este proceso electoral.

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados votó a favor del artículo 94, que establece que el presidente de la Suprema Corte de Justicia será el candidato con el mayor número de votos y que el cargo rotará cada dos años; con lo que se eliminó el párrafo del artículo 97 que señalaba que el presidente de la Corte sería elegido por el pleno de ministros con una duración de cuatro años. Esta contradicción entre artículos era producto de la redacción precipitada y descuidada.

Lo anterior es solo un ejemplo de las incongruencias de la Reforma Judicial, a lo que podemos sumar la idoneidad y viabilidad de los candidatos, de quienes ya existen innumerables denuncias respecto a actividades ilegales. Otro dato preocupante en esta “elección” judicial hecha al vapor es la complejidad de la propia votación, que aumenta la desconexión entre los electores y los candidatos. ¿Alguien sabe por quién va a votar en esta elección? ¿alguien conoce a los candidatos? ¿alguien conoce las responsabilidades que les estaremos otorgando? Peor, aún; ¿usted ha decidido si va a ir a votar? y en caso afirmativo ¿sabe cómo hacerlo?, porque la duda corroe a muchos y lo evidencia la ridícula campaña de “practique su voto”. ¿Cuántas personas serán suficientes para legitimar una “elección” de por sí amañada?

Además, la campaña se caracteriza por la inequidad de recursos y visibilidad. La complejidad del proceso es otro factor: las boletas (dependiendo el sector en donde se vota) tendrán hasta 300 candidatos, y cada ciudadano debe elegir a más de 50. Analizar a cada candidato tomaría al votante promedio entre 10 y 20 horas, lo que lleva a un voto poco informado. ¿Alguien puede numerar siquiera a 20 de los que aparecerán en la boleta?

Ante la ausencia de una competencia real, conciencia ciudadana y la posibilidad de entender lo votado, no podemos hablar de una elección democrática. Sin duda, podemos afirmar que en éste nuevo sistema de gobierno: “se vota, pero no se elige”.

Al final, es evidente que este sistema privilegia al voto corporativo, al acarreo y al voto gremial, en detrimento de la equidad.

Si a todo lo anterior se agrega participación de candidatos con antecedentes penales en las elecciones judiciales en México, se tiene que valorar el tema como uno de alta sensibilidad, dado que la idoneidad y la honorabilidad son requisitos fundamentales para ejercer cargos en el Poder Judicial.

Como ejemplo, Leopoldo Javier Chávez Vargas, quien es candidato a Juez de Distrito en Durango y su campaña consiste en caminar el estado, bailar y andar en todos los podcast que pueda antes de la elección judicial del próximo 1 de junio de 2025.

Chávez Vargas estuvo preso de 2015 a 2021 en Estados Unidos y fue hasta que las redes sociales lo expusieron que se vio obligado a fijar una posición.

“Hace años enfrenté un proceso judicial en Estados Unidos, un proceso que no negaré ni mentiré al respecto y que transformó mi vida. Asumí la responsabilidad de una sustancia ilícita que venía en un autobús del cual yo era el responsable”, confesó.

El caso de Leopoldo no es el único; hay por lo menos 20 aspirantes que tienen presuntos nexos con la delincuencia, pero aun así aparecerán en la boleta el próximo 1 de junio. Una elección con dados cargados en la que usted podrá ir a votar, pero no va a elegir.