En una nueva maniobra legal para endurecer la política migratoria y de seguridad nacional, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presentó su primer caso ante la Corte de Expulsión de Terroristas Extranjeros (conocida como ATRC por sus siglas en inglés).
Este tribunal especial, creado por el Congreso de Estados Unidos mediante la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva de 1996, ha permanecido en total letargo durante tres décadas. La razón principal de su inactividad histórica radica en los severos cuestionamientos constitucionales sobre sus procedimientos, diseñados para restringir al mínimo los derechos de defensa del acusado.
¿Cómo funciona este tribunal?
A diferencia de los tribunales de migración convencionales, el ATRC fue estructurado para acelerar las expulsiones de manera drástica utilizando información clasificada:
Evidencia secreta: Permite al gobierno presentar pruebas a puerta cerrada y de manera ex parte (únicamente ante la presencia del juez). El acusado no tiene acceso directo a los detalles concretos de las acusaciones presentadas en su contra.
Defensa restringida: Aunque los residentes legales permanentes cuentan con un "abogado especial" capacitado para revisar el material confidencial, dicho defensor tiene prohibido por ley compartir los detalles del expediente con su propio cliente.
Vías de apelación limitadas: Anula recursos habituales de protección migratoria como el asilo y recorta los plazos de apelación a solo 20 días ante la Corte de Apelaciones del Circuito de Washington D.C.
Expertos legales y organizaciones defensoras de derechos humanos señalan que estos mecanismos violan las garantías de debido proceso consagradas en la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
"El ATRC era la última opción absoluta. Su uso inevitablemente provocará desafíos legales que forzarán a la Corte Suprema a pronunciarse", señaló Andrew Arthur, exabogado del Departamento de Justicia e investigador del Centro de Estudios de Inmigración.
DOJ has filed its supplemental for its first application for the alien terrorist removal court. If approved, the next step according to court officials, is a public hearing. If it is denied, the department has the opportunity to appeal. https://t.co/i2FJ07moAj pic.twitter.com/I9nZw3OyIV
— Seamus Hughes (@SeamusHughes) July 23, 2026
Las autoridades requieren más evidencias
El caso, presentado bajo reserva, cayó en manos de la jueza Joan Ericksen, quien fue designada en 2025 por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, para encabezar este panel de cinco magistrados federales.
Lejos de validar automáticamente la petición del gobierno de Donald Trump, la primera orden pública emitida por la jueza Ericksen dejó ver dudas metodológicas en el expediente. La magistrada otorgó un plazo al Departamento de Justicia para presentar información complementaria, sugiriendo que la administración se beneficiaría de un "análisis más reflexivo" sobre la vinculación de las acciones del individuo con las leyes invocadas.
Aunque la naturaleza ultrasecreta del tribunal impide utilizarlo de forma masiva para deportaciones a gran escala, analistas advierten que la administración Trump está "probando el cerco" jurídico para sentar un antecedente que le permita utilizar tribunales de excepción en casos de alta prioridad nacional.
