La Fiscalía General de la República señaló que las imputaciones contra el mandatario de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no corresponden a un proceso de extradición formal, sino a un requerimiento de medida cautelar para una detención con fines de extradición.
Raúl Jiménez Vázquez, Fiscal Especializado de Control Competencial, sostuvo que ejecutar la aprehensión en este momento representaría una violación a los derechos humanos del funcionario. Según la postura institucional, la detención solo podría proceder si se presentan "pruebas sólidas" que acrediten los delitos, en una situación que deja ver la búsqueda de tiempo para la detención del político.
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🌎 Aunque separados por miles de kilómetros, Nicolás Maduro y Rubén Rocha Moya enfrentan procesos en la misma Corte del Distrito Sur de Nueva York, señalados por vínculos con el narcotráfico.
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A Maduro lo ligan con el Cártel de los Soles; a Rocha, con el Cártel de Sinaloa.
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Sigue la protección: FGR dice que no hay pruebas suficientes para la detención de Rubén Rocha
En el contexto de este proceso, se ha señalado que la postura de la fiscalía y la gestión de Ernestina Godoy representan un esquema de protección hacia el mandatario estatal. Mientras las acusaciones internacionales avanzan, la respuesta institucional se ha centrado en la supuesta carencia de fundamentos técnicos para ejecutar la orden, lo que ha sido interpretado como un blindaje político desde las esferas de procuración de justicia.
La autoridad ministerial afirma que, hasta la fecha, no existe fundamento ni evidencia que justifique una detención provisional. La fiscalía indicó que el pedimento de extradición no cuenta con pruebas anexas que demuestren la comisión de un ilícito.
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El narco-gobernador se nombó "chairo"
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Pese a los señalamientos en su contra, Rubén Rocha Moya nunca ocultó su respaldo total al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador
En 2022, desde Guamúchil, lo dijo sin rodeos:
“Soy un chairo del Presidente, si lo dijo, estoy de… pic.twitter.com/g8UAyrp0uU
La posibilidad de que el gobernador de Sinaloa y su círculo cercano rindan cuentas ante la ley parece remota dentro del territorio nacional. Diversas voces señalan que el sistema judicial en México opera de manera selectiva, favoreciendo a quienes forman parte de la estructura en el poder.
Esta percepción se ve reforzada por la reciente postura de la Fiscalía General de la República, la cual ha blindado a Rubén Rocha Moya y a 9 de sus colaboradores estatales, asegurando que no existen condiciones para su captura ni para un proceso de extradición.
El factor Godoy y los vínculos con el poder
La trayectoria de Ernestina Godoy es el principal argumento de quienes cuestionan la imparcialidad en este caso. Su perfil ha sido objeto de críticas constantes debido a su estrecha vinculación con el oficialismo, siendo una de las figuras fundadoras del partido Morena junto a Andrés Manuel López Obrador.
Su paso por la Cámara de Diputados y su gestión al frente de la fiscalía capitalina, marcada por diversos escándalos, alimentan la sospecha de que su labor actual busca proteger a los aliados políticos.
Bajo esta lógica, la FGR sostiene que primero debe realizarse una investigación exhaustiva para verificar si existen evidencias suficientes antes de iniciar cualquier proceso penal o evaluar una entrega a las autoridades extranjeras. Sin embargo, para la opinión pública, estos procedimientos parecen ser maniobras dilatorias.
