Francia votaría por la legalización de la eutanasia, sería el 13° país del mundo en permitirla

Tras un intenso debate político y social que se ha prolongado por más de dos años, la Asamblea Nacional de Francia (la cámara baja del Parlamento) se dispone a votar este miércoles la histórica legalización de la muerte médicamente asistida.

De aprobarse, el proyecto de ley, que es impulsado como una de las grandes promesas sociales del presidente Emmanuel Macron, consagrará uno de los cambios culturales más profundos del país en las últimas décadas, permitiendo que los médicos ayuden activamente a morir a pacientes con enfermedades incurables bajo un estricto protocolo legal.

La propuesta de ley establece límites muy claros y rígidos para evitar abusos. El derecho a solicitar la muerte asistida estará reservado exclusivamente para ciudadanos adultos que cumplan, de manera simultánea, con las siguientes condiciones:

• Padecer una enfermedad incurable y mortal en fase avanzada o terminal.
• Experimentar un sufrimiento físico o psicológico insoportable que no pueda ser aliviado con tratamientos o cuidados paliativos.
• Tener la plena capacidad mental para expresar su voluntad de forma libre y consciente.

Una vez que el paciente realice la solicitud oficial, un médico acompañado por un panel de especialistas dispondrá de un plazo de 15 días para evaluar el caso. Si es aprobado, el solicitante tendrá un periodo obligatorio de dos días de reflexión para ratificar su decisión. El método preferente será la autoadministración de la sustancia letal por el propio paciente; solo en casos donde exista una incapacidad física total para hacerlo, un médico o enfermero podrá intervenir directamente para asistirlo.

En la legislación francesa vigente, los médicos solo pueden aplicar una sedación profunda y continua a pacientes terminales y desconectar los sistemas de soporte vital a petición de las familias si el enfermo está en coma, pero tienen prohibido por ley suministrar de forma activa cualquier sustancia para acelerar el deceso.

Aunque se proyecta que la Asamblea Nacional apruebe la ley apoyándose en la mayoría parlamentaria, el texto ha enfrentado una férrea resistencia en el Senado (de mayoría conservadora). Ante esto, el primer ministro Sébastien Lecornu adelantó que, tras la votación, enviará la legislación al Consejo Constitucional para que valide su total apego a la Constitución francesa antes de que pueda ser promulgada oficialmente.

Con esta decisión, Francia busca sumarse a un reducido grupo de naciones que permiten este procedimiento, entre las que destacan Suiza (donde es legal desde 1942), así como España, Bélgica y los Países Bajos.

El debate sobre el derecho a morir dignamente cobró fuerza en el país desde inicios de la década de los 2000, impulsado por el emblemático caso de Vincent Humbert, un joven que quedó ciego, mudo y paralítico tras un accidente vial y cuya lucha civil conmovió a la opinión pública.

No obstante, la iniciativa actual sigue polarizando a la sociedad. Diversos líderes religiosos, agrupaciones de profesionales de la salud y sectores conservadores se oponen firmemente al proyecto bajo el argumento de que debilita el valor de la vida humana. El mes pasado, cerca de 4,000 personas marcharon en París en señal de protesta.

Incluso figuras de la cultura se han sumado al debate; el célebre y polémico escritor francés Michel Houellebecq criticó duramente la medida en una columna reciente, sentenciando con su estilo característico: "No puedo evitar pensar que, al exigir el acceso a la eutanasia para sus ciudadanos, lo que Francia está exigiendo es su propia eutanasia".

Si el proyecto de ley francés se aprueba definitivamente, el país se integrará a un selecto y reducido grupo de naciones que ya regulan el derecho a una muerte digna. El camino histórico lo inició Suiza, que despenalizó el suicidio asistido en 1942, pero la legalización de la eutanasia como tal comenzó en el año 2001 cuando los Países Bajos se convirtieron en el primer país del mundo en aprobarla. A esta iniciativa se sumaron rápidamente Bélgica en 2002, Luxemburgo en 2009 y Canadá en 2016. En el mundo hispanohablante, Colombia fue la pionera absoluta al despenalizarla mediante su Corte Constitucional en 1997 (con una regulación formal que arrancó en 2015), camino que más tarde siguieron España en 2021 y Ecuador en 2024. Otras naciones como Nueva Zelanda (2021), Austria (2022) y Portugal (2023) también han creado leyes al respecto en los últimos años, mientras que en Estados Unidos el procedimiento es legal en una decena de estados, siendo Oregón el primero en autorizarlo en 1997.