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Funcionaria de la UAEMex vinculada con la Estafa Maestra

Ratificam el cargo de responsabilidad resarcitoria en Estafa Maestra contra exdirectora de Recursos Financieros de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Escrito por: Diego Borbolla
UAMEX

Ciudad de México.- Este miércoles, durante la sesión pública del Pleno de la Sala Superior del TFJA, se ratificó el cargo de responsabilidad resarcitoria por 10 millones de pesos, contra Laura Elena del Moral Barrera, exdirectora de Recursos Financieros de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), tras daños ocasionados a la Hacienda Pública Federal, en el marco del asunto conocido como “Estafa Maestra”.

La ponente magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, expuso que el 2 de enero de 2013, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), firmaron un acuerdo de ejecución por un monto de 50 millones de pesos, con el objetivo de desarrollar el proyecto de acompañamiento a jornaleros agrícolas, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2013, posteriormente en noviembre de 2013, la Sedesol y la universidad mexiquense, firmaron un convenio modificatorio para una aportación adicional de 10 millones de pesos, contra la entrega del producto final, en este contexto, la autoridad estimó que se actualizó el daño a la Hacienda Pública Federal por 10 millones de pesos. La magistrada detalló que a la exfuncionaria de la universidad le fue imputada que omitió ejercer además de verificar la correcta ejecución de los recursos federales recibidos, que no se aplicaron a las acciones, obras o proyectos autorizados.

Mosri Gutiérrez, dio cuenta del proyecto de sentencia en el expediente en el que fue impugnada una resolución el 30 de julio de 2019, en la que la Dirección General de Responsabilidades de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), resolvió infundado el recurso de reconsideración en contra de una resolución del 29 de enero de 2019, en la que la ASF atribuyó a Del Moral Barrera, una responsabilidad resarcitoria por 10 millones de pesos.

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La magistrada planteó que la ASF es competente, debido a que los recursos financieros del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, son subsidios que son fiscalizables por la autoridad demandada. La magistrada argumentó además, que al procedimiento de fincamiento de responsabilidad resarcitoria no le son aplicables los principios de tipicidad y de presunción de inocencia.

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Escrito por: Diego Borbolla

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