El señalamiento ya no es rumor ni fuego amigo: el gobierno de Estados Unidos puso en la mira al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico. Y el eco de esa acusación cruzó la frontera para estallar, sin matices, en el Senado mexicano.
En medio de este sismo político, el senador de Morena, Enrique Inzunza, también señalado por autoridades estadounidenses, apareció brevemente para pasar lista y desaparecer. Se refugió en su oficina y, hasta ahora, no ha dado la cara. Ni explicación, ni postura, ni defensa pública. Silencio total en un momento que exige algo más que puertas cerradas.
Lilly Téllez reacciona ante acusaciones de Rocha Moya
Quien sí habló y fuerte fue la senadora del PAN, Lilly Téllez. Subió a tribuna y convirtió la sesión en un campo de confrontación directa. Calificó el momento como “un día de fiesta” tras los cargos presentados en Nueva York contra Rocha Moya, y lanzó una crítica frontal: la justicia, dijo, está llegando desde fuera porque en México no se ejerce.
"El país en este momento está feliz se acaban de presentar cargos penales en Nueva York contra el gobernador Rubén Rocha, felicito a los Estados Unidos de América por presentar cargos penales contra el gobernador Rubén Rocha", indicó.
Su intervención, interrumpida entre gritos y tensión, dejó una frase que resume el momento político: “empiezan a señalarse con nombre y apellido los mafiosos de Morena”.
Hoy es un gran día para México, celebro que al gobernador Rubén Rocha le imputen cargos penales en EUA.
— Lilly Téllez (@LillyTellez) April 29, 2026
Lamento que no se haya hecho en México y que la justicia tenga que venir del extranjero.
Los tomé por sorpresa en tribuna y la bancada de los mafiosos se puso histérica. pic.twitter.com/i9KCzKN74V
PRI y PAN presionan: renuncia y extradición de Rocha Moya
Desde la oposición, la reacción fue inmediata. El coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, aseguró que la investigación contra Rocha Moya confirma advertencias previas sobre la penetración del crimen organizado en procesos políticos recientes.
La exigencia escaló aún más con el panista Federico Döring, quien planteó sin rodeos la extradición inmediata del gobernador para que enfrente a la justicia estadounidense.
El mensaje de fondo es claro: la presión ya no es solo mediática, es política e institucional. Y apunta tanto al gobernador como al gobierno federal, al que acusan de evasión y de intentar desviar la conversación.
