Bogotá, Colombia.- Los colombianos irán a las urnas el domingo para elegir a su próximo presidente entre un abogado afín al libre mercado y un exrebelde izquierdista, en un segunda vuelta que decidirá el futuro del acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC y el modelo económico del país.
El derechista Iván Duque, apoyado por el partido Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe, es el favorito para ganar el balotaje frente al exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, quien perteneció a la desmovilizada guerrilla del M-19 y aparece 20 puntos porcentuales por debajo en las encuestas.
Lo que está en juego es la implementación de un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que puso fin a cinco décadas de conflicto con el grupo rebelde, así como si la cuarta economía de América Latina abandonará su modelo económico favorable a la libre empresa y la inversión.
“Una victoria de Duque no significará el final del acuerdo de paz, pero podría significar que se redujo a un mínimo”, dijo Yann Basset, profesor de la Universidad de Rosario. “Una victoria de Petro probablemente significaría un período difícil de incertidumbre económica”.
Duque, de 41 años, busca hacer cambios al acuerdo de paz, que considera demasiado indulgente con los exrebeldes, para obligarlos a que respondan primero ante la justicia por sus crímenes de guerra antes de ocupar cargos políticos.
Su iniciativa provoca preocupación entre algunos colombianos que temen que los cambios al acuerdo terminen en el regreso de miles de excombatientes a sus trincheras y provoquen una reactivación de la violencia y del conflicto armado que ha dejado unos 220.000 muertos en más de medio siglo.
En un intento por convencer a los electores indecisos, Duque suavizó su discurso y esta semana dijo a Reuters que no destruirá el acuerdo sino que le hará “correcciones” para garantizar una paz con justicia, verdad y reparación a las víctimas.
Petro ha criticado el acuerdo por no resolver la profunda desigualdad rural, pero dice que lo mantendrá intacto. Las modificaciones que plantea Duque no son fáciles de implementar debido a que el acuerdo fue ratificado por la Corte Constitucional y tiene el respaldo de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas.
