Una juez federal ordenó la liberación de Karina Barrón Perales, exfuncionaria en Nuevo León, luego de que aceptó un acuerdo reparatorio con el senador Waldo Fernández González.
Como parte de este acuerdo, Barrón deberá pagar 3 millones 223 mil pesos, ofrecer una disculpa pública y cumplir con medidas legales mientras el proceso permanece suspendido.
El propio senador informó que ese dinero será destinado a la beneficencia pública, especialmente a causas sociales relacionadas con mujeres.
¿De qué se le acusaba a Karina Barrón y cómo se resolvió el caso?
El caso surgió luego de que Barrón y dos personas más fueron señaladas por fabricar una denuncia en contra del legislador, con la intención de presionarlo y posteriormente extorsionarlo.
Tras reconocer su responsabilidad, la defensa solicitó una salida alterna, una suspensión condicional del proceso. Esto permitió evitar un juicio, siempre y cuando se cumplan las condiciones impuestas por el juez.
¿Qué condiciones deberá cumplir Karina Barrón tras el acuerdo?
Aunque recuperó su libertad este 26 de marzo, el caso no está cerrado. Durante 18 meses, Barrón deberá cumplir con varias restricciones.
Entre ellas, no podrá ocupar cargos públicos, ni tener contacto con el senador, ni hablar públicamente del caso. También está obligada a emitir una disculpa pública y a cubrir los gastos relacionados con la afectación causada. Si incumple cualquiera de estas condiciones, el proceso podría reactivarse.
En la disculpa pública, el senador Waldo Fernández publicó y le dio lectura a las tres cartas recibidas, tanto de Karina Barrón, como de Gustavo García Rojo y Deborah Berenice Rodríguez. Donde además de disculparse, señalaron que con la forma en la que actuaron en el proceso electoral pusieron en riesgo la tranquilidad e integridad de una persona y su familia.
“Fue por justicia, no por venganza”: la postura del senador Waldo Fernández
Al salir del penal de Cadereyta, Waldo Fernández González insistió en que su objetivo nunca fue la revancha: “Este siempre fue un asunto de justicia, pero sobre todo del derecho a la verdad. Yo vine como padre de familia a defender mi nombre y a mi familia”.
El legislador explicó que el monto económico no representa una ganancia, sino un reembolso por los gastos que tuvo que asumir para proteger a su familia: “El buen nombre de mis hijos y de mi familia vale mucho más que cualquier cantidad”.
Fernández aseguró que este proceso deja un mensaje claro en la política mexicana, las acusaciones falsas y los montajes sí pueden tener consecuencias legales.
También advirtió que este tipo de prácticas dañan no solo a las personas involucradas, sino a las instituciones y a las verdaderas víctimas, por lo que consideró necesario reforzar los mecanismos de denuncia. “No se vale hacer guerra sucia, no se vale difamar. Con causas tan serias no se juega”.
Aunque ya hay un acuerdo legal, el senador adelantó que buscará que se investigue a fondo todo lo relacionado con el caso, incluida la actuación de autoridades. “Aquí nadie ganó. Perdieron muchas familias… pero la verdad salió a la luz”.
