La disputa por la presidencia de Perú dio un nuevo giro este lunes, luego de que el candidato de izquierda Roberto Sánchez reconociera oficialmente el triunfo electoral de Keiko Fujimori, días después de que el Jurado Nacional de Elecciones confirmara los resultados definitivos de la segunda vuelta presidencial celebrada el pasado 7 de junio.
Aunque aceptó la proclamación de la presidenta electa, el exaspirante aseguró que continuará señalando las presuntas irregularidades que, afirma, ocurrieron durante el proceso.
Con este reconocimiento, Perú entra en una nueva etapa política rumbo al periodo presidencial 2026-2031; el conteo oficial otorgó a Keiko Fujimori el 50.135 por ciento de los votos, mientras que Roberto Sánchez obtuvo el 49.865 por ciento, una diferencia de poco más de 49 mil sufragios que puso fin a una de las contiendas electorales más cerradas de los últimos años.
El resultado ya fue aceptado, pero el debate político continúa en Perú
La postura de Roberto Sánchez quedó plasmada en un pronunciamiento difundido por su partido Juntos por el Perú, acompañado por organizaciones políticas aliadas.
En el documento, el político dejó claro que reconocer el resultado oficial no significa desistir de sus cuestionamientos sobre el desarrollo de la elección; según explicó, continuará ejerciendo su derecho a denunciar las situaciones que considera irregulares durante la jornada electoral, aunque sin desconocer la resolución emitida por la autoridad electoral.
Con este paso, la incertidumbre sobre el resultado presidencial disminuye, aunque el intercambio político entre oficialismo y oposición se mantiene vigente.
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Keiko Fujimori fue proclamada presidenta electa en Perú tras la ratificación del Jurado Nacional de Elecciones, que validó el resultado y dio paso al proceso de transición.
— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 4, 2026
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La oposición prepara una nueva estrategia desde el Congreso
Lejos de retirarse de la vida pública, Roberto Sánchez adelantó que buscará consolidar una coalición parlamentaria junto con otras fuerzas políticas para fortalecer su presencia en el Congreso peruano.
El objetivo, indicó, será ejercer labores de vigilancia sobre el nuevo gobierno, impulsar iniciativas relacionadas con el equilibrio entre los poderes del Estado y participar en la discusión de reformas que, desde su perspectiva, permitan fortalecer las instituciones democráticas.
Dentro de esa agenda también figura la intención de promover acciones relacionadas con la situación jurídica del expresidente Pedro Castillo, quien permanece detenido tras la crisis política desatada a finales de 2022, cuando intentó disolver el Congreso.
Aquel episodio derivó en una ola de protestas que dejó decenas de personas fallecidas y cientos de lesionados en distintas regiones del país.
