Más de 34 horas frente a una jueza: la audiencia de Ernesto Ruffo rompe récord de duración

La audiencia inicial del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, no solo terminó con su vinculación a proceso. También quedó marcada por su duración, más de 34 horas, un tiempo pocas veces visto desde que entró en vigor el sistema penal acusatorio en México.

Durante ese periodo, una jueza federal escuchó los argumentos de la Fiscalía General de la República (FGR), de la defensa y de los demás involucrados en un caso que investiga una presunta red de huachicol fiscal, relacionada con el supuesto contrabando de al menos 800 millones de litros de combustible, cuyo daño estimado a la hacienda pública supera los 5 mil 400 millones de pesos, según la acusación.

Al concluir la maratónica audiencia, Ruffo Appel y otras siete personas fueron vinculados a proceso por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos. El exmandatario permanecerá en prisión preventiva oficiosa en el penal del Altiplano mientras continúa la investigación complementaria.

Aunque no existe un registro oficial que reconozca cuál ha sido la audiencia inicial más extensa del país, la de Ernesto Ruffo ya figura entre las más largas documentadas desde la implementación del sistema penal acusatorio.

Entre los casos de mayor duración se encuentran:

• Ernesto Ruffo Appel (2026): más de 34 horas de audiencia inicial.
• Caso Línea 12 del Metro (2022): alrededor de 22 horas.
• Caso de abogados relacionados con Julio Scherer (2022): poco más de 20 horas.

La diferencia es considerable. La audiencia del exgobernador superó por más de diez horas algunos de los procesos más complejos que se habían documentado en años recientes.

Aunque parezca inusual, la ley contempla que una audiencia inicial se prolongue cuando el asunto es especialmente complejo.

Entre las razones más comunes están:

• El número de personas imputadas.
• La cantidad de pruebas que presenta el Ministerio Público.
• La revisión de documentos, peritajes y testimonios.
• Los recesos solicitados por las partes.
• La necesidad de garantizar el derecho de defensa.

Además, la Constitución permite que, si la defensa lo solicita, la situación jurídica del imputado pueda resolverse dentro de un plazo de hasta 144 horas.

Una audiencia de esta duración representa un reto no solo jurídico, sino también físico y mental.

Especialistas en neurociencias explican que permanecer durante tantas horas bajo un ambiente de alta tensión provoca una disminución progresiva de la atención, la memoria de trabajo y la capacidad para procesar información compleja.

La fatiga cognitiva hace que el cerebro necesite más tiempo para analizar argumentos, recordar detalles o responder preguntas. Conforme pasan las horas también aumenta el desgaste emocional y disminuye la capacidad para tomar decisiones rápidas.

El cuerpo tampoco queda al margen. La falta de descanso altera los niveles de cortisol —la hormona relacionada con el estrés—, incrementa la presión arterial, favorece dolores musculares y puede provocar irritabilidad, dificultad para concentrarse y una mayor sensación de agotamiento.

Por ello, durante audiencias de larga duración suelen decretarse pausas para alimentación, descanso y necesidades básicas, con el objetivo de preservar las condiciones mínimas para un proceso justo.

Tras la vinculación a proceso, la Fiscalía deberá fortalecer la carpeta de investigación con los elementos de prueba que respalden las acusaciones.

El caso también mantiene un fuerte componente político. Mientras la FGR sostiene que existen elementos suficientes para procesar al exgobernador por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, integrantes de la oposición afirman que Ruffo Appel enfrenta una persecución política y acusan un trato diferenciado respecto a otros personajes señalados públicamente por presuntos vínculos con grupos criminales, como el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya y el senador morenista Enrique Inzunza.

Será durante las siguientes etapas del proceso cuando un tribunal determine si las pruebas son suficientes para establecer una responsabilidad penal.