La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo de forma oficial las investigaciones sobre la muerte del periodista y analista político Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ocurrida en el estado de Oaxaca. A través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, la dependencia federal asumirá el expediente con el objetivo de esclarecer las circunstancias del ataque armado, identificar a los autores materiales e intelectuales y deslindar las responsabilidades penales correspondientes tras la agresión perpetrada el pasado 22 de julio en el municipio de San Pablo Etla.
El ataque contra el comunicador, quien contaba con una trayectoria de más de 35 años en el periodismo, ocurrió mientras se encontraba en un puesto de comida. Tras la agresión a balazos, las autoridades locales iniciaron los primeros peritajes y el análisis de las cámaras del C5; sin embargo, la gravedad del hecho y las implicaciones sobre la libertad de expresión llevaron a que la FGR ejerciera la facultad de atracción para continuar con la indagatoria a nivel federal.
La @FGRMexico, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, realizará las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso y dar con las personas responsables de la muerte del periodista Francisco Alejandro Leyva, ocurrida en Oaxaca.… pic.twitter.com/Y5pDsqNrkx
— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 23, 2026
Francisco Alejandro Leyva ya había denunciado amenazas de muerte desde hace meses
Meses antes del ataque, Francisco Alejandro denunció públicamente ante las cámaras de Azteca Noticias que era víctima de una campaña de persecución, hostigamiento y acoso judicial por parte del gobierno estatal encabezado por Salomón Jara. El periodista, quien se desempeñó como director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CorteV), mantenía una postura crítica frente a la administración local a través de su espacio de opinión y columna "El Zumbido del Moscardón".
En sus testimonios, Leyva Aguilar manifestó de forma explícita que su vida se encontraba en peligro por señalar presuntas inconsistencias y actos de corrupción dentro de la gestión estatal. Pese a las advertencias de allegados y a las presiones del entorno, el comunicador reafirmó su compromiso con el ejercicio periodístico y con el derecho a la información de la ciudadanía, rechazando mantenerse en silencio frente a los abusos de poder.
