¿La seguridad amenaza nuestras libertades?

La implementación de leyes que permiten la vigilancia masiva ha generado preocupación mundial, afectando las libertades civiles con serias implicaciones. Este es un tema de alcance global, que tomó particular relevancia a partir del atentado de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001.

A partir de ese momento, especialmente en Estados Unidos, se observó una colaboración entre actores privados, como las empresas de servicios digitales, y las autoridades estatales, con el fin de prevenir e interferir en comunicaciones privadas.

Un punto de inflexión en esta discusión ocurrió en 2013, cuando las filtraciones de Edward Snowden revelaron que gigantes tecnológicos como Google y Facebook habían entregado datos de millones de usuarios al gobierno de Estados Unidos. Lo preocupante fue que muchos de estos usuarios no tenían relación alguna con actividades terroristas, lo que desmoronó la narrativa oficial sobre la justificación de estas prácticas.

Otro ejemplo de esta tendencia es el caso del Reino Unido, que en 2016 aprobó la Investigatory Powers Act, una ley altamente intrusiva. Presentada como una herramienta moderna para combatir el terrorismo y el crimen organizado, esta legislación terminó facilitando la interceptación masiva de datos sin la necesidad de una orden judicial.

Sin embargo, en la propia Unión Europea, donde hay países con mayor desarrollo en la protección de derechos, ya se han implementado mecanismos para frenar la invasión a la privacidad.

En su momento, la directiva de retención de datos de 2006 fue invalidada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta directiva obligaba a los operadores a almacenar metadatos por periodos de seis a veinticuatro meses en los 27 estados miembros, lo que fue considerado una violación a la privacidad de los ciudadanos.

Aprendiendo de los errores de autoritarismo en otras partes del mundo, los expertos ahora cuestionan la situación en México. Se plantean interrogantes cruciales: ¿Hasta qué punto la seguridad puede ser utilizada como pretexto para vigilar a los ciudadanos sin que exista una supervisión adecuada sobre el propio Estado? Y, ¿cómo se asegura que no se atente contra los derechos fundamentales de las personas?

Los especialistas en la materia coinciden en la necesidad de priorizar la seguridad sin comprometer la privacidad. Reconocen que existe una delgada línea que puede romperse fácilmente, una preocupación que se agudiza aún más en contextos donde los organismos autónomos encargados de la supervisión son debilitados.

La pregunta fundamental que permanece es: ¿Quién se encargará de asegurar que el Estado ejerza la vigilancia de manera correcta, siempre dentro del marco establecido por la Constitución? La discusión sobre el equilibrio entre la seguridad nacional y las libertades individuales sigue siendo un desafío global.