La discusión sobre la libertad de expresión volvió a colocarse en el centro del debate público. Legisladores de oposición y diversas voces críticas señalaron que el contexto que enfrenta el periodismo en México, marcado por la violencia contra comunicadores y la polarización política, hace especialmente delicada cualquier propuesta que otorgue mayores facultades al Estado para intervenir en los contenidos de los medios de comunicación.
Las críticas surgieron tras la presentación de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, impulsados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y actualmente en consulta pública. Sus detractores sostienen que las disposiciones podrían abrir la puerta a mecanismos de censura y afectar la libertad de expresión.
Oposición vincula los lineamientos con un ambiente adverso para el periodismo
Durante un espacio informativo, el periodista Manuel López San Martín aseguró que los medios públicos perdieron su pluralidad y cuestionó que actualmente estén dominados por perfiles afines al proyecto político de la llamada Cuarta Transformación.
En ese contexto también recordó la situación de riesgo que enfrentan periodistas en México. Señaló que, excluyendo el conflicto en Gaza, el país continúa siendo uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo y afirmó que 61 periodistas han sido asesinados desde la llegada de Morena al poder, muchos de ellos después de cubrir temas relacionados con corrupción, violencia o presuntos abusos de poder.
Como ejemplo mencionó el caso del periodista Alejandro Leyva, quien previamente había responsabilizado públicamente a funcionarios del gobierno de Oaxaca de cualquier agresión contra él o su familia.
En un mensaje difundido antes de su asesinato, Leyva declaró:
“Responsabilicé justo a esos tres funcionarios de lo que pueda pasarme a mí, en mi libertad, y a mi familia”.
¿Qué plantean los nuevos lineamientos?
Los lineamientos, según el documento presentado para consulta pública, buscan proteger los derechos de las audiencias y garantizar que radioescuchas y televidentes reciban información veraz.
Sin embargo, entre los puntos que más controversia generan destacan:
- La posibilidad de que cualquier persona presente quejas contra contenidos de medios de comunicación, incluso de forma anónima.
- La obligación de diferenciar claramente información y opinión en los espacios noticiosos.
- La aplicación de sanciones económicas a concesionarios de radio y televisión en caso de incumplimiento.
- Que la autoridad reguladora sea la encargada tanto de determinar posibles infracciones como de imponer las sanciones correspondientes.
Para sus críticos, este último punto concentra facultades excesivas en la autoridad y podría derivar en decisiones discrecionales sobre los contenidos informativos.
Legisladores alertan sobre posibles actos de censura
El diputado del PAN, Federico Döring, afirmó que las nuevas reglas representan un intento de imponer una “ley mordaza” contra periodistas y medios de comunicación.
Por su parte, el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, sostuvo que la propuesta busca otorgar al gobierno la facultad de decidir qué información puede considerarse falsa o fuera de contexto, lo que, a su juicio, convertiría la legislación en un instrumento de censura.
Incluso desde Morena surgieron reservas. La coordinadora de los diputados del partido, Kenia López Rabadán manifestó que no se debe caer en la tentación de limitar la libertad de expresión ni el derecho de los ciudadanos a recibir información.
En tanto, el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, expresó que nunca ha estado de acuerdo con sancionar a los medios de comunicación, aunque reconoció que las leyes vigentes deben cumplirse.