Perú atraviesa una crisis política consolidada por la reclusión simultánea de cuatro de sus últimos exmandatarios en el penal de Barbadillo por delitos de corrupción y atentados contra el orden constitucional.
Esta acumulación de jefes de Estado en un mismo recinto penitenciario alcanzó su punto crítico entre finales de 2025 y los primeros meses de este año, luego de que el Poder Judicial ratificara condenas históricas contra Pedro Castillo por su fallido autogolpe y contra Martín Vizcarra por sobornos en obras públicas.
Lo que para la región representa una anomalía democrática, para la fiscalía peruana es el resultado de un proceso sistémico de rendición de cuentas que ha logrado llevar a la cárcel a casi todos los líderes que gobernaron el país en el último cuarto de siglo, utilizando las pruebas del caso Odebrecht y los registros de las sesiones de consejo como base para las sentencias definitivas.
El Legado de la Impunidad: Presidentes Destituidos y Condenados
Perú ha normalizado la figura del "expresidente procesado", creando un fenómeno jurídico único en la región:
- Alejandro Toledo (2001-2006): Actualmente cumple una condena de 20 años y 6 meses. Fue hallado culpable de recibir sobornos de la constructora Odebrecht para la licitación de la Carretera Interoceánica. Es el primer expresidente peruano extraditado (desde EU) y condenado específicamente por el caso Lava Jato.
- Ollanta Humala (2011-2016): Enfrenta procesos por lavado de activos y financiamiento ilícito de campañas electorales. Ha pasado por periodos de prisión preventiva y sus juicios continúan en etapas avanzadas, vinculados también a aportes de constructoras brasileñas.
- Martín Vizcarra (2018-2020): Recientemente enviado a prisión preventiva y condenado en primera instancia a 14 años de cárcel por cohecho pasivo (sobornos) durante su etapa como gobernador regional. Su ingreso a prisión en 2025 fue el penúltimo eslabón antes de la sentencia de Castillo.
- Pedro Castillo (2021-2022): Condenado a 11 años y 5 meses, por conspiración para la rebelión tras su intento de disolver el Congreso e intervenir el Poder Judicial el 7 de diciembre de 2022.
Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018): Aunque no está en prisión efectiva por motivos de salud y edad, permanece bajo investigaciones severas y ha cumplido arresto domiciliario por el caso Lava Jato.
El origen del colapso: La crisis de los cinco años
Para entender esta "epidemia" de condenas, es necesario retroceder al periodo 2016-2021, una etapa marcada por la guerra de poderes y el uso recurrente de la "vacancia por incapacidad moral".
La renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en 2018 para evitar su destitución, seguida por la disolución del Congreso por parte de Martín Vizcarra en 2019 y la posterior destitución de este último en 2020, crearon un vacío de poder que solo la justicia pudo llenar.
Este desfile de mandatarios —que incluyó las breves gestiones de Manuel Merino y Francisco Sagasti— dejó al descubierto una red de financiamiento ilícito que hoy mantiene las celdas ocupadas.
Contexto político actual
La inestabilidad es tal que, en el periodo de cinco años que inició Castillo en 2021, Perú ha tenido múltiples sucesores debido a destituciones y renuncias (incluyendo a Dina Boluarte y José Jerí). Recientemente, en febrero de 2026, el actual presidente interino, José María Balcázar, cerró la puerta a cualquier posibilidad de indulto para Castillo, calificando la petición como inviable ante la gravedad de los delitos contra la Constitución.
Este panorama subraya una paradoja: mientras Perú es visto como un ejemplo de independencia judicial por su capacidad de encarcelar a los más poderosos, también refleja una fragilidad democrática extrema, donde la presidencia se ha convertido en el cargo de mayor riesgo judicial del país.
