En Venezuela, la censura ha alcanzado un nuevo nivel. Ya no sólo se castiga a periodistas por decir la verdad. Ahora, economistas, analistas financieros y académicos enfrentan detenciones, interrogatorios e incluso desapariciones por algo tan elemental como publicar datos económicos.
Desde inicios de 2025, más de 20 profesionales han sido perseguidos por divulgar cifras que contrastan con el discurso oficial del régimen de Nicolás Maduro. Por ejemplo, indicadores básicos como el valor real del dólar, los niveles de inflación o la caída de la producción nacional se han vuelto temas prohibidos.
El gobierno considera esas cifras como amenazas a la estabilidad política y ha optado por silenciar a quienes las revelan.
El Banco Central guarda silencio absoluto ante la presión de Maduro
El Banco Central de Venezuela lleva meses sin divulgar información económica oficial. No se publican datos sobre crecimiento, inflación, reservas o tipo de cambio. Ante ese vacío, instituciones independientes como el Observatorio Venezolano de Finanzas, que anteriormente ofrecían estimaciones confiables, han suspendido sus publicaciones por temor a represalias.
El gobierno de Maduro justifica estas acciones acusando a los economistas críticos de “sabotaje financiero” y “desestabilización”, aunque en realidad su “delito” ha sido decir que el bolívar no vale casi nada, que la inflación sigue disparada y que la economía venezolana no mejora.
Un país sin datos, un pueblo sin respuestas: así es vivir en Venezuela
Esta política de opacidad institucional afecta directamente al ciudadano común. Sin acceso a información confiable, la población no puede saber cuán grave es la crisis. Familias que no logran llenar la despensa enfrentan no sólo la falta de alimentos, sino también la imposibilidad de entender lo que ocurre en su propio país.
El silencio también se impone en medios de comunicación, donde los economistas han sido reemplazados por voceros del oficialismo. La censura económica se ha convertido en otro pilar del control social, donde el mensaje es claro: “si dices la verdad, desapareces del mapa”.
El gobierno de Maduro continúa cerrando cualquier vía de transparencia en Venezuela. La persecución contra economistas refleja el nivel de autoritarismo alcanzado por un régimen que ha convertido el análisis económico en un acto de resistencia. Mientras tanto, el pueblo venezolano sigue atrapado entre el hambre, el miedo y la desinformación.