Escándalo Noroña, narco-alianza impensable, corrupción y justicia en jaque: Hechos con Javier Alatorre

La revelación de la lujosa casa de Gerardo Fernández Noroña en Morelos, la inédita alianza criminal entre “Los Chapitos” y “El Mencho”, la sombra del narco en la política de Sinaloa y las dudas sobre un hospital fantasma en la CDMX exponen las contradicciones de la clase política y los desafíos que enfrenta la justicia en México, todo esto y más en “Hechos con Javier Alatorre”.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se encuentra en el ojo público tras revelarse que posee una lujosa casa en Tepoztlán, Morelos, valuada en 12 millones de pesos y con un terreno de más de 1,200 metros cuadrados. Aunque durante años criticó la opulencia y defendió la austeridad republicana, el senador reaccionó con molestia ante los cuestionamientos sobre su patrimonio. En su declaración también figuran dos vehículos con un valor superior a dos millones de pesos, lo que ha generado críticas por la aparente contradicción entre su discurso y su estilo de vida.

Al ser cuestionado, Noroña intentó desviar la atención comparando su fortuna con la de empresarios, defendiendo que su riqueza está respaldada legalmente y que no tiene obligación de vivir en austeridad. Sin embargo, su postura contrasta con sus propias declaraciones pasadas, en las que reprochaba los excesos de la clase política y llamaba a no cargar más impuestos al pueblo. Este cambio de postura no ha pasado inadvertido, especialmente para la oposición, que lo acusa de convertirse en parte de los “nuevos ricos del bienestar”.

Ismael “El Mayo” Zambada, durante su reclusión en Estados Unidos, mencionó en una carta a dos políticos de Sinaloa: Héctor Melesio Cuén Ojeda y el gobernador Rubén Rocha Moya. Según relató, fue convocado para mediar diferencias políticas entre ambos por el control de la Universidad Autónoma del Estado, pero asegura que en esa reunión le tendieron una trampa organizada por “Los Chapitos”. Días después, el 25 de julio, Cuén Ojeda fue asesinado en una finca, aunque inicialmente se reportó falsamente que había muerto en un asalto en una gasolinería.

La entonces fiscal Sara Bruna Quiñónez sostuvo esa versión hasta que la FGR demostró el montaje, lo que derivó en su renuncia. Por su parte, Rocha Moya negó cualquier vínculo con la carta, asegurando que ese mismo día estaba en California en un vuelo privado, aunque su viaje fue cuestionado en versiones periodísticas. Pese a las acusaciones, el gobernador nunca fue citado por la FGR y recibió respaldo de su partido, mientras la investigación contra exfuncionarios de la fiscalía de Sinaloa quedó en el limbo.

Una inédita alianza criminal está transformando el mapa del narcotráfico en México: “Los Chapitos”, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, pactaron con su antiguo enemigo Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Videos difundidos desde mayo muestran a hombres del CJNG en Sinaloa con la aprobación de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, confirmando este pacto para enfrentar a su rival, Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, con quien libran una guerra desde 2024.

La DEA advirtió en su informe 2025 que esta unión multiplica la fuerza de ambos grupos, al sumar territorios, armas, recursos financieros y proveedores de droga, lo que les permite mantener un dominio casi nacional. Aunque Estados Unidos ya ofrece recompensas millonarias por sus líderes, la sociedad entre los Chapitos y el Mencho fortalece su control y desafía a las autoridades mexicanas, que enfrentan un escenario criminal más complejo y violento.

Julio César, policía de la CDMX acusado de homicidio calificado por la muerte de Christopher Huerta, un joven motociclista de 21 años, enfrentará su proceso en prisión domiciliaria. Los hechos ocurrieron el 19 de agosto en el cruce de las avenidas Galindo y Villa y Fray Servando, cuando dos policías intentaron revisar a Christopher y a su padre, lo que derivó en una riña. Durante el forcejeo, uno de los agentes disparó contra el joven, quien murió más tarde en el Hospital de Balbuena.

En audiencia, la familia de Christopher pidió justicia y anunció que aportará nuevas pruebas durante el periodo de investigación complementaria de tres meses. Mientras tanto, el segundo policía involucrado, Luis Arturo “N”, acusado de abuso de autoridad, quedó en libertad al no encontrarse elementos suficientes en su contra.

En México, la mitad de los niños menores de cinco años vive en pobreza por ingreso, lo que significa que sus familias no cuentan con recursos suficientes para cubrir necesidades básicas. Según el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, el 73.5% carece de acceso a servicios de salud, casi la mitad no tiene una alimentación adecuada y cerca del 40% enfrenta rezago educativo desde la primera infancia.

Expertos advierten que esta situación condena a millones de menores a una vida de carencias, pues tres de cada cuatro personas que nacen en pobreza permanecen en esa condición. Mientras el gobierno priorice apoyos asistenciales sobre inversiones en educación, salud e infraestructura, el país seguirá atrapado en un círculo que limita el desarrollo de futuras generaciones.

El Hospital General de La Pastora, en la alcaldía Gustavo A. Madero, abrió en 2021 como unidad temporal para atender pacientes con COVID-19, con una inversión inicial de 250 millones de pesos, en su mayoría de la iniciativa privada. Tras la pandemia, se anunció que sería transformado en hospital oncológico para mujeres con un presupuesto adicional de 270 millones de pesos, pero en realidad solo llegó a brindar servicios de urgencias y fisioterapia antes de cerrar sus puertas.

Pacientes y derechohabientes denunciaron que el hospital nunca estuvo completamente terminado, carecía de medicamentos e insumos, y solo se inauguró parcialmente. Hoy permanece cerrado, con equipo médico arrumbado, mientras las autoridades aseguran que en diciembre finalmente se convertirá en un hospital oncológico. Sin embargo, persisten las dudas sobre la falta de presupuesto y la transparencia en el uso de los recursos.

Desde abril, los ganaderos de Chihuahua enfrentan una crisis severa por la imposibilidad de exportar ganado a Estados Unidos debido al avance del gusano barrenador. Esta situación ha reducido a la mitad el valor que reciben por cada animal y ha generado pérdidas millonarias que afectan no solo a los productores, sino también a transportistas y proveedores relacionados con la cadena ganadera. Muchos corrales que antes alojaban hasta dos mil cabezas de ganado hoy lucen vacíos, lo que refleja el colapso de la industria en la región.

Los productores responsabilizan tanto a la actual administración como a la pasada, señalando que el recorte presupuestal a Senasica debilitó la vigilancia sanitaria y permitió la propagación de la plaga. Hoy se sienten abandonados por el gobierno federal, al no estar incluidos en los planes para rescatar a la ganadería nacional, lo que incrementa el temor de que la crisis derive en el cierre definitivo de negocios y la pérdida de miles de empleos en Chihuahua.

En el vaso regulador El Caracol y la zona conocida como La Oreja, en Atenco y Ecatepec en el Estado de México, se han levantado más de 250 casas dentro del Área de Protección de Recursos Naturales del Lago de Texcoco, donde incluso se proyectó el aeropuerto cancelado. Los pobladores denuncian que estos asentamientos ilegales llevan al menos cuatro años en crecimiento, impulsados por sindicatos y grupos invasores, lo que ha transformado un espacio destinado a la conservación en un poblado improvisado.

Aunque la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas notificó recientemente a los invasores que deben desalojar, no se ha emitido un pronunciamiento formal. Activistas advierten que estas construcciones ponen en riesgo la función natural del lago como vaso regulador contra inundaciones en el Valle de México y cuestionan la omisión de autoridades estatales y municipales, que permitieron que la invasión avanzara sin freno.

Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio por concluida una etapa de más de tres décadas en el máximo tribunal del país. En su mensaje final subrayó que, pese a años de presiones y ataques desde el gobierno federal, los ministros respondieron con sentencias y no con confrontaciones, defendiendo siempre los principios constitucionales. Además, llamó a quienes tomarán su lugar a velar por los derechos plasmados en la Constitución y a no dejar que el rumbo del país dependa de aplausos o agravios.

En su último informe, se detalló que en la Primera Sala, encabezada por Loretta Ortiz, se resolvieron 931 asuntos, mientras que en la Segunda Sala de Javier Laynez fueron 720, quedando pendientes 47. Con la salida de los actuales ministros a finales de agosto, se abrirá paso a un nuevo Poder Judicial integrado por perfiles con cercanía al régimen morenista, marcando así un cambio profundo en la composición de la Corte.

Javier Alatorre platicó con Adal Ramones, quién dio más detalles sobre el nuevo reality show de Azteca Uno “La Granja VIP”. Un nuevo concepto que reúne a famosos, actores y los llevará al límite.