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Crédito: Reuters
22 septiembre, 2020
Azteca Noticias
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Juez ordena a Gobierno de CDMX no levantar ni actuar en contra de bloqueo en Av. Juárez

Miembros del grupo FRENAAA llevan tres días instalados en la vía pública, pero un juez ha dejado claro que las autoridades sólo podrán actuar en caso de que los manifestantes realicen actos de violencia y pongan en riesgo a la población.

Desde el pasado sábado, el grupo Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA) se dedicó a realizar un plantón en el que exige la renuncia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; ante ésto, un juez ordenó al Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) no levantar ni actuar en contra de los manifestantes que bloquearon Av. Juárez.

  Miembros de FRENAAA se han mostrado en contra de la administración de AMLO y toda la política que el mandatario está manejando en lo que va de su sexenio, por lo que colocaron tiendas de campaña en parte de las avenidas Juárez y Reforma.

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En relación a este bloqueo de avenidas que ha afectado parte de la circulación, el juez octavo de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, Martín Adolfo Santos Pérez, dio a conocer dos suspensiones de oficio y de plano en las que ordenan a las autoridades capitalinas no levantar el bloqueo.

Dentro de estos informes, se explica que el Gobierno de la Ciudad de México sólo puede actuar en contra de los manifestantes cuando éstos realicen ciertos actos de violencia, los cuales pongan en peligro la integridad de la ciudadanía.

Asimismo, se explicó que los manifestantes están protestando su desaprobación ante la política del presidente AMLO bajo el derecho que se encuentra en la Constitución, dentro de los artículos 6,7,39 y 40, los cuales señalan que el Estado es democrático, por lo que el pueblo tiene el derecho de manifestarse ante las responsabilidades públicas.

Los policías respectivos tienen expeditas sus facultades para llevar a cabo las acciones que resulten necesarias para salvaguardar el orden y la seguridad pública dentro de la manifestación, en caso de que se den actos violentos o ilegales por parte de los manifestantes; siempre y cuando respeten los protocolos previstos en las normas secundarias (…) y garanticen los derechos constitucionales de las personas

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