¿Una nueva Corte saturada? Los desafíos que esperan los recién electos ministros

Mientras los ganadores de la elección judicial celebran su triunfo, expertos advierten que la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enfrenta un panorama desafiante. Con la reforma judicial, la nueva Corte tendrá que resolver desde el primer día más de mil 200 asuntos pendientes, una carga de trabajo que podría impactar en la agilidad y calidad de la justicia.

Uno de los cambios más drásticos de la reforma fue la desaparición de las dos Salas de la SCJN. Antes, estas Salas resolvían, en conjunto, un promedio de 100 asuntos por sesión semanal. Ahora, con su eliminación, todos los casos deberán ser juzgados en el Pleno.

El investigador Jesús Martín Reyes señala que esta reforma estuvo mal diseñada, ya que no se crearon los mecanismos adecuados para la transición hacia la nueva Corte, lo que representa un riesgo brutal de saturación. Esta preocupación se refuerza al considerar el volumen de trabajo previo. En 2023, entre las Salas y el Pleno, se resolvieron 4 mil 299 asuntos, y en 2024, 3 mil 853. Ahora, todo ese trabajo recaerá únicamente en el Pleno.

La carga de trabajo no es el único desafío. El número de ministros también se redujo de 11 a 9, lo que significa que menos integrantes tendrán que resolver una cantidad de asuntos mucho mayor. A esto se suma el plazo que establece la reforma para la resolución de litigios: menos de seis meses.

Expertos como Román Lazcano, del Foro Constitucionalistas de México, advierten que esta medida, lejos de agilizar la justicia, podría impactar negativamente en la calidad de las resoluciones. Para cumplir con el plazo, existe el riesgo de que la Corte empiece a rechazar asuntos por detalles mínimos, con el único fin de evitar la saturación.

Los nuevos ministros tendrán que abordar de inmediato una serie de asuntos de gran relevancia para el país. Entre los más destacados se encuentran:

• El amparo que impugna la creación del Banco de ADN para uso forense.
• Los litigios sobre la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Federal de Revocación de Mandato.
• La posible extinción de organismos autónomos.
• La prohibición de la comida chatarra en universidades.
• Los lineamientos para regular el financiamiento de la interrupción del embarazo.
• La aplicación de la prisión preventiva oficiosa.

El reto es mayúsculo. Para Román Lazcano, la pregunta clave que los nuevos ministros deberán responder es: "¿Cuál será su papel? ¿Van a defender los derechos humanos contra los actos de autoridad, o solo van a preservar el status quo y darles manga ancha a los gobernantes?”. La respuesta a esta pregunta definirá el futuro de la justicia en México.