La administración de Rocío Nahle en Veracruz enfrenta su momento de mayor vulnerabilidad política, no por los ataques de la oposición, sino por una dura crítica surgida desde el seno de la familia del actual gobernador. Atanasio García Durán, padre de Cuitláhuac García, afirmó públicamente que confiar la gubernatura a Nahle fue una equivocación que hoy comparte con gran parte de la ciudadanía veracruzana.
Al ser cuestionado sobre la falta de visión y el desconocimiento del estado por parte de la mandataria, García Durán admitió que, aunque al principio no creía en esos señalamientos, la realidad actual lo ha hecho cambiar de postura. "Mucha gente lo considera así y yo me sumo a eso", sentenció, reconociendo que el respaldo brindado a la administración de Nahle ha sido un desacierto institucional.
Las peleas internas en Morena siguen creciendo
— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 29, 2026
El padre del ex gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, se lanzó contra Rocío Nahle
Dijo que fue un error confiar en ella pic.twitter.com/pSRlSJP2mG
Crisis sobre gestión ambiental y fosas clandestinas en Veracruz
A la crisis política se suman fallos críticos en la gestión de emergencias que han afectado directamente a la población. Durante el último año, Veracruz ha sido escenario de desastres como el desbordamiento de ríos a causa de la carencia de mantenimiento en infraestructura hidráulica provocó inundaciones que dejaron a miles de familias damnificadas.
Además de la contaminación en las costas veracruzanas por derrames de petróleo, ha golpeado los sectores pesquero y turístico, sin que la administración estatal logre implementar protocolos de limpieza o presión efectiva ante las autoridades federales.
Colectivos de búsqueda denuncian que el gobierno estatal ha intentado minimizar la gravedad del hallazgo de entierros ilegales en zonas críticas. Actualmente, se estima que existen 75 mil restos humanos sin identificar en espera de procesamiento forense, un rezago que evidencia la parálisis de las instituciones de justicia.
Los colectivos han detectado nuevos "puntos de exterminio" en las Altas Montañas, incluyendo localidades como Arbolillo, La Guapota y Santa Ana Atzacan. La exigencia de las familias es clara: que el gobierno pase del discurso de negación a una política forense real que detenga la impunidad en el estado.
