Desde 2019, la labor del periodista Alberto Amaro en Tlaxcala se ha convertido en un permanente riesgo de muerte tras documentar casos de delincuencia organizada y corrupción oficial. A lo largo de los años, Amaro y su familia han sobrevivido a más de 30 agresiones e intimidaciones, incluido un ataque a balazos contra su domicilio mientras se encontraba junto a su hijo de nueve años, además de intentos de extorsión por parte de grupos delictivos que le exigieron frenar sus publicaciones sobre la policía estatal y la fiscalía.
Pese a haber sido acogido temporalmente en España mediante un programa de Amnistía Internacional, organismo que incluyó su testimonio en el informe Nadie garantiza mi seguridad para exhibir las omisiones del Estado mexicano, el comunicador decidió regresar a su entidad natal para continuar ejerciendo la profesión bajo condiciones extremas de vulnerabilidad.
Actualmente, el periodista habita en una vivienda blindada con rejas y alambre de púas, bajo la custodia formal del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación; sin embargo, denuncia que el respaldo institucional resulta insuficiente y que las autoridades han pretendido retirarle los escoltas. Amaro señala directamente al gobierno por poner en peligro la integridad de su círculo cercano frente a las constantes amenazas que no cesan en la región.
“El gobierno mexicano me ha puesto en riesgo a mí y a mi familia; no quiero ser otro periodista asesinado, no quiero ser otra estadística más”, sentenció el comunicador, advirtiendo que la desprotección a la prensa representa una forma sistemática de silenciar la libertad de expresión en el país.
