Con 470 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó que el delito de desaparición forzada de personas y de desaparición cometida por particulares, constituya un crimen de lesa humanidad, en términos del Estatuto de Roma.
El dictamen se envió a la Cámara de Senadores para su validación.
Establece que los delitos de desaparición Forzada de Personas se perseguirán de oficio y no prescriben, es decir, tendrán carácter de permanentes o continuos, en tanto la suerte y el paradero de la persona ausente no se haya determinado o sus restos no hayan sido localizados e identificados plenamente.
La reforma impone penas de 20 a 30 años de prisión a quien omita entregar a la autoridad o familiar a un niño nacido durante la privación ilegal de la libertad de una madre sometida a desaparición forzada, a quien sustraiga o se apropie del pequeño y cuando se oculte, destruya o falsifique documentos que prueben la identidad de un menor.
“Este dictamen contempla muchas reformas para tipificar la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad, especificar los supuestos en los que el superior jerárquico que quien cometa desaparición forzada puede ser considerado como responsable, ampliar la protección de los menores ante las desapariciones forzadas, ya sea de ellos o de sus padres, perfeccionar la tipificación de la desaparición forzada cometida por particulares”, señaló la diputada de Morena, Karla Yuritzi Almazan, promotora de la iniciativa.
El dictamen avalado por los diputados elimina la posibilidad de que los tribunales militares conozcan de asuntos en materia de desaparición forzada. La investigación, persecución, procesamiento y sanción estará a cargo solo autoridades civiles federales y estatales.
Para estipular que el delito de desaparición forzada de personas y de desaparición cometida por particulares, sea un crimen de lesa humanidad, en términos del Estatuto de Roma, se reformo la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y del Registro de Detenciones, así como el Código de Justicia Militar.
