Organizaciones de periodistas y políticos rechazan reformas que crean un “Estado Espía”

Organizaciones de periodistas en México han alzado la voz contra las recientes reformas que, según sus argumentos, crean un peligroso “Estado Espía” como la Ley de Telecomunicaciones. La organización Artículo 19 ha sido una de las más enfáticas en su rechazo, considerando que estos cambios legislativos configuran un sistema de vigilancia masiva que es intrusivo, desproporcionado e incompatible con los derechos fundamentales de los ciudadanos.

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, la organización de periodistas Artículo 19 destacó que las reformas otorgan facultades excesivas a las autoridades para acceder a la información de los usuarios de telefonía móvil, lo que representa una grave amenaza para la privacidad de los ciudadanos. Este tipo de vigilancia, señalan, excede los límites de lo que es razonable y necesario para la seguridad pública, invadiendo esferas íntimas de la vida de las personas.

La crítica principal radica en la capacidad que se le otorga al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y a la Guardia Nacional (GN) para acceder a datos sensibles de los usuarios de telefonía. Para Artículo 19, esta “llave” abre la puerta a un control desmedido sobre la información personal, lo que podría derivar en abusos y en la criminalización de la actividad periodística y de la disidencia.

Sin duda, una de las cuestiones que más preocupa a las organizaciones y a los ciudadanos en general es el requisito de la CURP biométrica para la activación de líneas de móviles. Además de la creación de una Plataforma Única de Identidad para monitorear y gestionar la identidad de todas las personas en México con consultas en tiempo real, pues ponen en extrema vulnerabilidad los datos de las personas sin el mínimo control, transparencia y rendición de cuentas.

Según el diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla, aunque se requiera una orden judicial para interceptar llamadas telefónicas, dicha autorización podría obtenerse fácilmente a través de jueces designados por el gobierno, lo que pone en riesgo la independencia judicial.

La Secretaría de Seguridad podrá solicitar datos personales y empresariales, desde historiales clínicos hasta comunicaciones privadas, para fines de inteligencia. Manuel Añorve, coordinador de senadores del PRI, advierte que el gobierno tendrá control sobre plataformas digitales como WhatsApp, Instagram y el internet en general.

Además, la reforma en telecomunicaciones permitirá que las empresas proporcionen geolocalización en tiempo real a las autoridades, sin mecanismos claros de contrapeso ni auditoría, denunciado por el experto Daniel Echeverría.