La pesadilla de Leonardo: Le robaron su casa en Puebla con un INE falso y un crédito Infonavit

“No es que se metan a tu casa a llevarse tus cosas, es que se llevan la casa con todo y papeles”. Con esta alarmante advertencia, Alejandro Villalvazo presentó el caso de Leonardo Wallace, un ciudadano poblano que está viviendo una pesadilla: su casa fue “vendida” sin su consentimiento a través de una sofisticada red de fraude que involucra suplantación de identidad, documentos falsos y la presunta complicidad de un notario y del Infonavit.

La historia de Leonardo, quien ha iniciado un movimiento en redes sociales, expone una modalidad de robo que deja a las familias en la indefensión total.

El calvario para la familia Wallace comenzó de forma inesperada. En 2022, al intentar pagar el impuesto predial, descubrieron que la propiedad ya no estaba a su nombre, sino al de dos personas desconocidas. La sorpresa se convirtió en horror cuando acudieron al Registro Público de la Propiedad.

Ahí les informaron que, según los documentos, su esposa Gabriela había “vendido” la casa el 6 de abril de 2022, utilizando un crédito del Infonavit.

Para concretar el despojo, los delincuentes montaron una operación basada en documentos apócrifos y negligencia institucional. De acuerdo con el relato de Leo, el modus operandi incluyó:

• Suplantación de identidad: Una mujer desconocida se hizo pasar por la esposa de Leonardo.
• INE Falso: La impostora usó una credencial con el nombre y la dirección correctos, pero con una fotografía que no correspondía y un CURP inválido.
• Acta de Matrimonio Falsa: Presentaron un documento con el inverosímil folio “001".
• Pasaporte Vencido: El apoderado legal del Infonavit que participó en la firma se identificó con un pasaporte que llevaba más de dos años vencido.
• Trámite ‘Exprés': Un aviso de no adeudo, trámite que normalmente tarda semanas, fue aprobado en tiempo récord entre un viernes por la tarde y un lunes por la mañana.

Para Leonardo, el principal responsable es el notario público, Raúl Vaquier Ramírez, cuya función es precisamente validar la identidad de los vendedores y la legalidad del acto. “La cadena de corrupción involucró al notario y a la gente del Infonavit, ya que uno tramita y el otro da la autorización para una nueva escritura”, denunció Wallace.

A pesar de ser las víctimas evidentes, el sistema obliga a la familia Wallace a probar su propia inocencia, un proceso que resulta sumamente costoso. Para recuperar legalmente su casa, necesitan cinco pruebas periciales que demuestren que las firmas y huellas son falsas.

Cada prueba tiene un costo de 100 mil pesos, lo que suma un total de medio millón de pesos que deben pagar de su bolsillo para defenderse. Mientras tanto, viven en la incertidumbre, ocupando una casa que, en el papel, ya no les pertenece.

El caso, expuesto en televisión nacional, pone sobre la mesa no solo la vulnerabilidad de los propietarios, sino la posible indefensión ante actos de autoridad corruptos, un riesgo que, según el presentador, podría agravarse con las nuevas reformas a la Ley de Amparo.