El Senado de la República aprobó, por unanimidad, una reforma a la Ley Federal del Trabajo para que los empleadores se abstengan de solicitar o exigir la presentación de la carta de antecedentes no penales para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo.
Los legisladores respaldaron la modificación con 69 votos a favor y también sumaron cambios a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para que ahora no se discrimine por origen étnico, género, edad, condiciones de salud, religión, preferencias sexuales, entre otros, al momento de elegir a un nuevo trabajador.
La carta de antecedentes no penales será válida únicamente en sitios donde, por razones de seguridad, se establezca como obligatoria. En estos supuestos entran las empresas de seguridad, trabajos en la Administración Pública, Embajadas, entre otros.
Buscan que reinserción social sea más fácil para la población
El legislador Napoleón Gómez Urrutia indicó que el proyecto busca impulsar que las oportunidades de reinserción social para las personas que hayan cometido algún delito sea más accesible y no se vean truncadas sus oportunidades de alcanzar un empleo digno.
📌 Senadoras y senadores aprobaron prohibir que se solicite la carta de antecedentes penales para ingresar, permanecer o ascender en un trabajo.
— Senado de México (@senadomexicano) October 10, 2023
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Al discutir la propuesta, Martha Cecilia Márquez, senadora del PT, consideró válido que la iniciativa privada pueda solicitar la carta de antecedentes no penales, pero no para los cargos en la Administración Pública.
La propuesta fue enviada a la Cámara de Diputados para ser discutida por 500 legisladores. Sin embargo, aún no hay fecha para que sea analizada en San Lázaro.
¿Qué es la carta de antecedentes no penales?
El gobierno de México define a la carta de antecedentes no penales como un documento oficial que sirve para hacer constar la existencia o no de una sentencia por un delito contra una persona.
Este oficio lo emite el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) tanto en el formato físico, como digital. Actualmente tiene un costo de 197 pesos y se puede pagar en cualquier institución bancaria.
