El ‘stalking’ es tipificado como delito en Brasil

El senado de Brasil aprobó una iniciativa de ley que considera al acoso reiterado e ilegal, conocido como ‘stalking’, como un delito sancionable con entre 6 meses a dos años de prisión.

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Escrito por: Fuerza Informativa Azteca
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| Crédito: Pixabay

El senado de Brasil aprobó un proyecto de ley que tipifica como crimen el acoso reiterado e ilegítimo, conocido como ‘stalking’, y prevé sanciones de entre seis meses a dos años de prisión para los que realicen dicha acción.

De acuerdo con medios locales, esta ley ya había sido aprobada el año pasado en la Cámara de Diputados local, por lo que ahora la sanción sólo dependerá del presidente, Jair Bolsonaro, para que se convierta en ley y se incluya en el Código Penal.

El proyecto de ley fue aprobado por 74 de los 75 senadores presentes en la sesión plenaria de este martes, en la que la Cámara Alta discutió diferentes medidas que pueden beneficiar y proteger a las mujeres, como parte de las acciones por el Día Internacional de la Mujer.

En su etapa de proyecto, la ley establece que esta práctica criminal puede ser configurada por medio de una persecución presencial o virtual, desde que sea hecha de forma reiterada y que amenace la integridad física y psicológica de la víctima.

Además, el texto responsabiliza por el crimen a quien le restringa la capacidad de desplazamiento o movilidad a la víctima de persecución obsesiva, o bien a quien invada o perturbe la esfera de libertad o privacidad de la víctima.

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LA LEY SE PROPUSO EN 2019

Este proyecto de ley se presentó desde 2019 y primero fue discutido en la cámara de diputados, aunque la tardanza en su primera resolución se debió a la pandemia de Covid-19.

La ley contempla un máximo de dos años de prisión para las personas responsables del delito, además de que también se prevé la imposición de multas.

Las penas pueden ser elevadas en un 50 por ciento en caso de que las víctimas sean niños, adolescentes, ancianos o mujeres.

El senado modificó las penas que había aprobado previamente, que preveía penas de entre uno y cuatro años de prisión. El argumento presentado por el senado fue que las sanciones eran muy rigurosas en comparación a las de crímenes más graves.

Este proyecto de ley fue presentado por la senadora Leila Barros, del Partido Socialista Brasileño (PSB).

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