Presidentes de México podrían ser juzgados como traidores a la patria, ¿en qué casos?

Xóchitl Gálvez indica que el objetivo de su iniciativa es adicionar un artículo 123 Bis al Código Penal Federal, ¿en qué consiste la propuesta presentada?

Escrito por: Gerardo Segura, Salvador Alcaraz, Felipe Vera

Presidentes de México podrían ser juzgados como traidores a la patria, ¿en qué casos?
La iniciativa fue presentada por Xóchitl Gálvez. | Gobierno de México

La excandidata a la presidencia, Xóchitl Gálvez, dijo una vez más que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) intervino en las elecciones 2024 para favorecer a los candidatos de Morena, por esto decidió tomar cartas en el asunto.

Durante una conferencia de prensa, la excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa para tipificar como traición a la patria la intervención del Presidente de la República en procesos electorales. Esta propuesta surge a raíz de las acusaciones por parte de Gálvez hacia Andrés Manuel López Obrador por lo que consideró “su evidente intervención” en las distintas etapas del proceso electoral para favorecer a los candidatos de Morena.

“Muestra de ello es que la comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó medidas de cautelares ante el riesgo de la violación en al menos 22 ocasiones, respecto a 31 conferencias mañaneras”, señaló la excandidata a la presidencia.

Pese a las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral, Gálvez expresa que no es posible sancionar al presidente debido a que la Constitución señala que el presidente no tiene un superior jerárquico.

¿En qué consiste la propuesta de Xóchitl Gálvez?

Gálvez indica que el objetivo de su iniciativa es adicionar un artículo 123 Bis al Código Penal Federal y un artículo 5bis a la Ley General en Materia de delitos electorales con la finalidad de sancionar y tipificar como traición a la patria a las conductas del presidente cuando estas violen las Leyes Electorales.

En la conferencia de prensa, indicó que su propuesta contempla que se establezca una pena de prisión de 10 a 50 años y una multa de hasta 3 mil de medida y actualización, cuando antes, durante y después del proceso electoral use o permita el uso de recursos públicos, bienes, fondos o servicios que estén relacionados con la administración pública cuya finalidad incida con el electorado.

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