El Departamento de Justicia de Estados Unidos notificó formalmente a dos jueces federales que las demandas en contra del controvertido fondo de 1,800 millones de dólares —diseñado supuestamente para combatir la persecución política de la administración de Joe Biden— ya no tienen sentido porque el programa fue completamente abandonado.
Lo que comenzó como una polémica y criticada promesa política terminó en un discreto carpetazo legal.
Esta es la primera vez que el gobierno de Donald Trump formaliza por escrito la cancelación del fondo, una medida que llega días después de que el fiscal general en funciones, Todd Blanche, adelantara la decisión ante el Congreso. Con este movimiento, los abogados del Estado buscan frenar el avance de varios litigios presentados por organizaciones civiles, ayuntamientos y grupos de vigilancia gubernamental que amenazaban con destapar un escándalo mayor en las cortes.
Ya no hay nada que juzgar
En los documentos presentados ante las cortes de Washington D.C. y Virginia, el Departamento de Justicia argumentó que los tribunales no deberían intervenir en un proceso político que ya se resolvió por sí mismo. "El interés público no se beneficia si esta corte interfiere para cerrar un fondo que, de todos modos, ya no va a avanzar", señalaron los fiscales del gobierno a la jueza de distrito Leonie Brinkema en Alexandria, Virginia, quien la semana pasada ya había congelado temporalmente el dinero de forma preventiva.
Además de dar por muerto el programa, el equipo legal de la Casa Blanca atacó la legitimidad de quienes interpusieron las demandas. Según el Departamento de Justicia, los demandantes no tienen el derecho legal (standing) para sostener el caso porque es imposible demostrar que un fondo que ya no existe les esté causando un daño real. El argumento de la defensa es simple: si el dinero no se va a repartir, nadie puede alegar que está siendo excluido injustamente.
The Trump administration put in writing to courts for the first time that the $1.8B "anti-weaponization" fund is dead. https://t.co/PTmbv69VH8 pic.twitter.com/wwk2VNMe3p
— CNN (@CNN) June 5, 2026
Provocó tensiones entre republicanos y en la Casa Blanca
La caída de este fondo —bautizado por la oposición y analistas como una "caja chica" para los aliados del presidente— fue el precio que la Casa Blanca tuvo que pagar para destrabar su agenda en el Capitolio. Varios legisladores republicanos clave se habían plantado en los últimos días, negándose a votar una ley de financiamiento migratorio crucial para Trump a menos que el gobierno enterrara definitivamente el millonario fondo. La principal preocupación de los congresistas era que los recursos terminaran en manos de los procesados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, una posibilidad que la administración se había negado a descartar.
Aunque el fiscal Blanche fue tajante ante la Cámara de Representantes al asegurar que el proyecto no avanzará "nunca más", el propio Donald Trump dejó una estela de confusión apenas unas horas después. Al ser cuestionado por la prensa en el Despacho Oval, el mandatario dio señales mixtas: "Tendría que preguntar a los abogados, no sé. En lo que a mí respecta, era algo hermoso", comentó, sembrando dudas sobre si realmente comparte la rendición de su equipo legal.
El origen de este fondo se remonta a un polémico acuerdo extrajudicial entre el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y la Organización Trump, luego de que el mandatario retirara una demanda de 10,000 millones de dólares contra el fisco por la filtración de sus declaraciones de impuestos. Aunque el acuerdo estipulaba que Trump no recibiría dinero directo sino una disculpa oficial, el dinero del fondo iba a ser controlado por su círculo cercano, un plan que ahora ha quedado formalmente sepultado.
