Agricultores y ganaderos rechazan nueva Ley de Aguas y advierten es una “estocada” al sector

El Gobierno de México calificó las manifestaciones de los agricultores y ganaderos respecto a la Ley de Aguas como el intento de algunos grupos de "mantener privilegios que ya no queremos que existan", una declaración que generó gran indignación entre los productores.

Un agricultor de Querétaro respondió al gobierno pidiendo que se den cuenta de que ya no hay miedo para manifestarse y que deje de "satanizarlos".

Los agricultores insisten en que sus protestas no son políticas, sino una defensa legítima contra lo que consideran un "atropello" del Gobierno Federal.

Los líderes del sector primario fueron enfáticos al describir el impacto que tendrían los cambios propuestos en la Ley de Aguas. Martín Morales, presidente de los agrónomos en Querétaro, advirtió que se podría llegar "al tope" con las autoridades debido a las nuevas imposiciones.

Carlos Dobler, de la Asociación de Prolicultores, aseguró que será promotor de las movilizaciones que sean necesarias porque "no se vale lo que nos están haciendo". Luis Vega, presidente de Acción Ganadera en Ezequiel Montes, recordó al Gobierno Federal que lo que ellos producen es lo que consume la población: "Si nos afecta a nosotros, a ustedes les afecta peor".

La principal inconformidad de los agricultores y ganaderos radica en la intención del Gobierno de modificar el esquema de cobro del agua.

Cobro Industrial: El nuevo proyecto pretende cobrarles el agua como si fueran una industria, equiparándolos a grandes empresas, lo que dispararía dramáticamente sus costos de producción.

Pozos Pecuarios: Romualdo Moreno, presidente de la Unión Ganadera de Querétaro, destacó que la nueva ley no considera el tema de los pozos pecuarios. Ejemplificó que sería catastrófico para una persona con pocas cabezas de ganado si le cobran el agua a tarifas industriales, condenándolo a la quiebra.

Aunque los detalles específicos de la Ley de Aguas serán analizados por la Cámara de Diputados en los próximos días, la preocupación generalizada se centra en la revisión y reasignación de los derechos de uso del agua y, fundamentalmente, en la modificación de los esquemas tarifarios.

La intención declarada del Gobierno es eliminar los "privilegios" y regular el uso del recurso, pero el campo lo ve como un ataque directo a la viabilidad económica de la producción de alimentos en el país.