Desde el inicio de los ataques entre grupos del crimen organizado en septiembre de 2024, las autoridades han registrado 125 carpetas de investigación por feminicidios en Sinaloa, una entidad que no solo enfrenta la narcoviolencia, sino también la alerta de violencia de género.
Feminicidios en Sinaloa: crisis de violencia y fallas en la protección
Colectivos feministas de Mazatlán alertan sobre una tendencia creciente de violencia de género que, aseguran, va más allá de cifras: incluye agresiones, desapariciones y violencia familiar. Organizaciones y defensoras de derechos humanos señalan que la violencia no se trata de hechos aislados, sino de un patrón que exige respuestas concretas de las autoridades.
Según datos de la Fiscalía General del Estado, desde septiembre de 2024 hay 125 carpetas de investigación por feminicidio en la entidad, 11 de ellas en el municipio de Mazatlán. Colectivos feministas sostienen que la cifra real podría ser mayor debido a subregistro y casos que no reciben la atención debida por parte de las autoridades.
El caso de Rubí Patricia y la exigencia de justicia en Sinaloa
Uno de los casos más recientes que detonó indignación fue el homicidio de Rubí Patricia, madre buscadora, asesinada el 27 de febrero en el interior de su domicilio en la colonia Infonavit Jabalíes. Activistas responsabilizan al Estado por fallas en los mecanismos de protección:
“A Rubí Patricia le falló el Estado y ellos tienen que reconocerlo, porque ella debió haber tenido mecanismos de protección desde el momento en que se hizo defensora y madre buscadora”, declaró María Osuna, defensora de derechos humanos, a Azteca Noticias.
María Osuna enfatiza que Mazatlán siempre ha estado bajo alerta de género tanto a nivel estatal como nacional, y ubica a Culiacán y Mazatlán entre las ciudades con mayores índices de violencia y feminicidios en Sinaloa. En lo que va de 2026, colectivos contabilizan alrededor de tres casos en el municipio que han llegado a su conocimiento.
¿Qué denuncian los colectivos feministas de Mazatlán sobre la inseguridad?
Las organizaciones feministas reclaman que muchos casos no reciben la urgencia necesaria por parte de las autoridades municipales, y advierten que la omisión ya se traduce en vidas perdidas. Activistas piden resultados concretos en las investigaciones, protocolos de protección activos y políticas públicas que reduzcan la exposición de mujeres a riesgos.
