La polémica comenzó con una lista y terminó abriendo una discusión mucho más grande: ¿hasta dónde puede llegar el Gobierno cuando analiza y exhibe públicamente a periodistas, medios y figuras críticas?
La organización Artículo 19 cuestionó la presentación realizada por la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, al considerar que el ejercicio contraviene estándares internacionales relacionados con la libertad de expresión y prensa.
El señalamiento ocurre después de que Alcalde presentó lo que definió como un análisis de un supuesto “ecosistema digital de amplificación artificial de tendencias”. La funcionaria rechazó que se tratara de una “lista negra” de periodistas enemigos del Gobierno.
Sin embargo, el episodio provocó cuestionamientos porque entre los nombres expuestos aparecieron periodistas, medios de comunicación, políticos opositores e influencers.
Luisa María Alcalde niega que sea una “lista negra”
La consejera jurídica sostuvo que la intención no era señalar a periodistas como integrantes de una operación contra el Gobierno.
Su explicación fue que una noticia, opinión o publicación puede surgir desde un periodista, medio o político y posteriormente ser retomada por otras cuentas en redes sociales.
Alcalde habló de cuentas anónimas identificadas como “trolls” y de redes de “bots” que, de acuerdo con su planteamiento, pueden multiplicar determinados contenidos y conectarlos con una narrativa hasta convertirlos en tendencias.
La funcionaria hizo una precisión relevante: aparecer dentro del análisis, dijo, no significa necesariamente que un periodista, medio o político forme parte de una operación coordinada.
Y precisamente ahí se encuentra uno de los puntos centrales de la controversia.
Que una publicación sea retomada, comentada o compartida por otros usuarios no demuestra por sí mismo que exista una estrategia coordinada. Para sostener una acusación de ese tipo se necesitarían elementos que permitan acreditar cómo ocurrió esa supuesta coordinación.
Artículo 19 advierte sobre el riesgo para la prensa
Artículo 19 consideró que la exposición pública de estos nombres plantea problemas desde la perspectiva de la libertad de expresión.
La organización advirtió que el ejercicio puede contribuir a estigmatizar la labor periodística y generar condiciones para violencia digital contra quienes ejercen el periodismo.
El cuestionamiento no se limita únicamente a la existencia o no de una “lista negra”. También alcanza la utilización de recursos del Estado para realizar este tipo de ejercicios y la manera en que posteriormente son presentados ante la opinión pública.
Desde esta perspectiva, la preocupación está en el poder que tiene una institución gubernamental para identificar públicamente a personas que realizan una labor crítica.
