En el sistema electoral mexicano, la realización de promociones y giras extemporáneas no es una simple falta administrativa. De cara a las elecciones de 2027, el inicio de actividades de proselitismo por parte de Andy López Beltrán para buscar una diputación federal en Tabasco, aunado a su designación oficiosa por la dirigencia de Morena como "candidato único" antes de los plazos normativos, encendió las alarmas jurídicas.
En el sistema electoral mexicano, adelantarse a los tiempos del calendario es una violación directa al principio constitucional de equidad en la contienda. Y aquí te contamos el costo de iniciar con campañas anticipadas.
El club del descaro: Andy López Beltrán y Andrea Chávez desafían al INE con campañas adelantadas
¿Cuál es la sanción por actos anticipados de campaña?
El catálogo normativo de la LGIPE y la doctrina expresada por integrantes de la autoridad electoral, como la consejera Claudia Zavala Pérez, contemplan consecuencias severas para quienes busquen posicionarse de forma extemporánea, como es el caso de Andy López Beltrán y Andrea Chávez:
- Pérdida del derecho a registro: Si un aspirante realiza proselitismo de manera anticipada, la sanción máxima aplicable es la negativa a ser registrado de forma oficial como candidato ante el organismo electoral.
- Cancelación del registro otorgado: En caso de que el acto ilícito se acredite cuando la persona ya haya obtenido el registro formal, la autoridad competente debe proceder a la cancelación inmediata de dicho registro.
- Multas económicas y sanciones a partidos: Tanto el aspirante como la fuerza política que promueva o valide la conducta pueden recibir sanciones económicas que alcanzan miles de días de salario mínimo (UMAs) y amonestaciones públicas.
Como lo ha señalado la consejera del INE, Claudia Zavala en declaraciones a medios de comunicación, la regla del juego es clara: solicitar el voto, presentar propuestas públicas de campaña o promocionar de forma directa una candidatura fuera de los tiempos legales tiene como consecuencia la imposibilidad jurídica de competir.
La vigencia de las instituciones democráticas depende de que el árbitro electoral aplique el reglamento sin distingos de siglas o cargos. Cuando los políticos asumen que la ley es opcional y que la sanción por adelantarse es un costo que pueden asumir, la contienda electoral pierde la certeza que le da origen. Garantizar que quienes violan los tiempos normativos paguen el precio legal de quedar fuera de la boleta es la única vía para impedir que el poder político sustituya a la equidad en las urnas.
