En un pronunciamiento de alto impacto, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) fijó una postura contundente frente a la consulta pública de los nuevos Lineamientos de las Audiencias. A través del mensaje firmado por su presidente, Ramón Castro Castro, y el secretario general Héctor M. Pérez Villarreal, los obispos mexicanos advirtieron que pretender que una autoridad administrativa determine qué información es "falsa", "descontextualizada" o "verdadera" representa un peligro directo contra la libertad de expresión, pilar fundamental del orden democrático.
"La verdad no se decreta": El riesgo de someter la información a criterios oficiales
El documento eclesiástico cuestiona duramente la pretensión de que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones asuma facultades para sancionar o calificar contenidos informativos, opiniones y creencias. La CEM enfatizó que la veracidad en el periodismo es un deber de diligencia, basado en contrastar, verificar y distinguir hechos de opiniones, pero remarcó que la calificación gubernamental de los discursos no busca proteger al público, sino instaurar un control estatal sobre medios de comunicación, canales digitales y concesionarios de radio y televisión.
Además, denunciaron que el proyecto pretende validar oficialmente los Códigos de Ética e intervenir en las decisiones de los defensores de audiencias, vulnerando la independencia editorial de las salas de redacción.
Mensaje del Episcopado Mexicano sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los de Derechos de las Audiencias
— CEM (@IglesiaMexico) August 13, 2026
La verdad no se impone: se busca, se propone y se reconoce libremente. Cuando el Estado renuncia a decidir qué es verdadero y se limita… pic.twitter.com/Dk6rtky10p
Un llamado a la resistencia ciudadana antes del cierre de la consulta
Ante el inminente término de la consulta pública fijado para el próximo 21 de agosto de 2026, la cúpula católica hizo un llamado urgente a los laicos, universidades, comunicadores y organizaciones civiles a participar activamente para frenar este intento de tutelaje estatal. El Episcopado recalcó que la libertad de expresión y la libertad religiosa no se imponen por la fuerza ni por el miedo, concluyendo que cuando el Estado intenta sustituir el debate plural por juicios administrativos obligatorios, dinamita la libertad de conciencia e impone un sesgo ideológico sobre la conversación pública.
