Presentado con bombo y platillo como el estandarte de la soberanía tecnológica nacional, el proyecto del auto eléctrico mexicano "Olinia" comienza a enfrentar severos cuestionamientos. Aunque el Gobierno Federal ha insistido en que el vehículo sería diseñado y fabricado completamente por ingenieros del país, las propias autoridades han tenido que reconocer que el cochecito depende actualmente de una cadena de suministro global, incorporando componentes provenientes de China, Estados Unidos, India y Alemania.
El desarrollo ha requerido hasta el momento una inversión pública de 25 millones de pesos para su diseño, sumados a otros 195 millones de pesos destinados a la instalación de una planta nacional para la fabricación de sus baterías. Sin embargo, el financiamiento gubernamental ha llegado a su tope; para arrancar formalmente su producción en masa, se necesitan otros 3 mil 489 millones de pesos, recursos que la administración actual tendrá que salir a buscar de manera urgente dentro de la iniciativa privada.
¿Otro fracaso a la vista?
— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 8, 2026
Lo venden como un vehículo "100% mexicano", pero sus componentes llegan de varios países.
El proyecto Olinia vuelve a abrir el debate sobre el uso de recursos públicos y la distancia entre la narrativa gubernamental y los resultados reales.
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Las alianzas internacionales y la promesa postergada para 2030
La narrativa del desarrollo 100% mexicano quedó matizada durante la presentación del proyecto. Rosaura Ruiz, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, agradeció públicamente el apoyo de delegaciones extranjeras: "Parte de la estrategia de Olinia ha consistido en establecer alianzas internacionales que nos permitan avanzar más rápido. Gracias señor embajador de China, y a todos los colegas que nos han ayudado en diferentes países".
En el mismo sentido, Roberto Capuano, director del Proyecto Olinia, reconoció la dependencia técnica al señalar: "Quiero agradecer el trabajo que hemos desarrollado junto con especialistas de empresas de China, Estados Unidos, de India y de Alemania".
Esta realidad estira los plazos de la industria nacional de manera considerable. Será hasta el año 2030 cuando el vehículo alcance un máximo del 75% de fabricación mexicana. Esta brecha temporal genera el primer gran obstáculo para los futuros usuarios: si el automóvil llega a sufrir una avería o descompostura en los próximos años, los propietarios se verán obligados a importar las piezas directamente desde los países coparticipadores, encareciendo y retrasando los tiempos de reparación.
Seguridad deficiente y el impacto oculto en el recibo de luz
Más allá de los componentes, los expertos del sector automotriz han encendido las alertas respecto a la viabilidad y protección que ofrece el modelo. De acuerdo con especialistas, Olinia no cumple con los estándares internacionales de seguridad mínimos que incorporan otras marcas del mercado para proteger a los pasajeros en entornos urbanos y carreteras, dejando a los tripulantes expuestos ante posibles colisiones. Asimismo, el costo final de la unidad tampoco será tan bajo como se prometió originalmente; el precio de salida, dependiendo el equipamiento, partirá desde los 150 mil pesos.
A esto se suma un impacto directo a la economía familiar. Aunque el gobierno ha promocionado como una ventaja competitiva que el auto se podrá recargar conectándolo de forma directa a enchufes domésticos convencionales, la realidad técnica advierte un panorama adverso. Este método de recarga aumentará significativamente el consumo de energía en las viviendas, lo que por consecuencia lógica disparará los montos de facturación en los recibos de luz de los usuarios.
Ante un panorama donde el auto parece poco funcional, diversos sectores cuestionan la prioridad del gasto público, señalando que México tiene hoy necesidades más urgentes en materia de reducción de inseguridad, salud y educación antes de ver rodar el proyecto en 2030.
