Bolivia libera a Jeanine Áñez Chávez tras casi cinco años de prisión

La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez Chávez, fue puesta en libertad este jueves, poniendo fin a un periodo de reclusión de cuatro años y ocho meses en la cárcel de San Pedro de La Paz.

Su liberación se produjo por una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que el día anterior, miércoles 5 de noviembre, concluyó en anular la sentencia de 10 años de cárcel que pesaba sobre ella en el caso conocido como "Golpe de Estado II".

Es una política boliviana que asumió la Presidencia interina de Bolivia entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020. Antes de eso, era senadora y ocupaba el cargo de segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores.

Asumió el cargo en medio de una profunda crisis política y social que siguió a las protestas por las denuncias de fraude en las elecciones de 2019 y la posterior renuncia y salida del país del entonces presidente Evo Morales y de todos los funcionarios que le seguían en la línea de sucesión presidencial.

Áñez fue encarcelada en marzo de 2021 y enfrentó múltiples procesos judiciales. El principal cargo por el que fue condenada y estuvo en prisión fue el conocido como Caso "Golpe de Estado II".

Fue condenada a 10 años de cárcel en 2022 por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.

La acusación, impulsada por el partido de gobierno (Movimiento al Socialismo), se basó en que Áñez asumió ilegalmente la Presidencia tras la renuncia de Evo Morales en 2019, calificando su ascenso al poder como un "golpe de Estado".

El TSJ determinó que "hubo vulneraciones al ordenamiento legal vigente" y al debido proceso.

En la resolución, el Tribunal indicó que la asunción de Áñez "no fue un acto de usurpación, sino un acto de necesidad constitucional" y que ella no actuó con dolo, ya que la sucesión ocurrió tras las renuncias públicas y expresas de los anteriores en la línea.

La defensa argumenta que, con la nulidad de la sentencia, la causa debe ser redirigida al Legislativo para que se active el procedimiento especial de Juicio de Responsabilidades aplicable a los expresidentes.

La exmandataria mantiene procesos pendientes por la muerte de civiles en 2019 durante las protestas en Sacaba y Senkata, casos que la defensa insiste deben ser vistos por la vía de un juicio de responsabilidades.