A medio año de haberse hecho pública la denuncia por la agresión sexual en contra de un menor de 9 años con autismo en grado 2, el panorama legal no muestra resolución alguna.
El infante afectado cuenta con capacidades de comunicación verbal sumamente restringidas, por lo que logró reportar el suceso a través de ademanes y señas de carácter limitado.
De acuerdo con las declaraciones del progenitor de la víctima, Juan Leonardo, las agresiones ocurrieron en el interior de la escuela primaria Donciano Serna Leal, ubicada en el municipio de Tizayuca, Hidalgo, durante el mes de diciembre de 2025.
El principal imputado en el expediente es el director del plantel educativo, identificado como René N, quien fue detectado ingresando a la zona de sanitarios junto con el estudiante por medio de grabaciones de los sistemas de videovigilancia locales, materiales que posteriormente sufrieron una desaparición misteriosa.
Denuncias de impunidad institucional
A raíz del escenario, la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, determinó atraer la investigación para que fuera conducida de manera directa por la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, instancia que encabeza Maribel Bojórquez.
No obstante, el padre del afectado sostiene que las garantías de seguridad y acompañamiento que le prometieron no se han ejecutado, manteniéndose el proceso en retrasos administrativos bajo el argumento de que es obligatorio esperar a que se emitan los fallos correspondientes sobre diversos juicios de amparo.
Juan Leonardo afirma que uno de estos amparos fue concedido de forma ilegal por Octavio Mejía Ojeda, lo cual impidió la aplicación de la prisión preventiva. Adicionalmente, el afectado señala el desinterés de los funcionarios, indicando que las instancias de procuración omiten presentarse a los requerimientos de los jueces federales.
Intimidación y desplazamiento forzado
La búsqueda de justicia ha derivado en consecuencias directas para la integridad del denunciante. Juan Leonardo relató que tras entablar diálogos en el mes de enero con la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo y recibir llamadas de Ernestina Godoy, las amenazas en su contra se incrementaron.
El padre interpuso una queja formal el 12 de diciembre de 2025 en contra de Iram González Pérez por actos ligados a coacción y prácticas de corrupción; al asistir a una comparecencia en el área de visitaduría donde estarían presentes Lorena Cano, subprocuradora de delitos sexuales en Hidalgo, y el equipo de Febintra, descubrió que se trataba de una emboscada para amedrentarlo.
A partir de ese momento, comenzó a registrar persecuciones por parte de individuos con vestimenta táctica a bordo de unidades vehiculares de color blanco pertenecientes a la propia procuraduría local.
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El hostigamiento constante y el temor por la seguridad de su núcleo familiar, integrado únicamente por tres miembros, obligaron a los afectados a abandonar su lugar de residencia para trasladarse provisionalmente a la Ciudad de México.
El denunciante acusa que la subprocuradora Lorena Cano le ocultó el expediente de investigación por un espacio de tres semanas, citándolo únicamente para indicarle que el Ministerio Público asignado poseía sus mismos apellidos.
Ante la inoperancia de los funcionarios mexicanos, entre los que destaca a Horacio Bautista y Francisco Fernández Hasbún, encargado del despacho de la procuraduría de Hidalgo, el padre ha manifestado su desconfianza hacia las instituciones del país y ha extendido un llamado para que la Organización de las Naciones Unidas intervenga en la resolución del caso.
