El sábado 13 de septiembre, civiles venezolanos comenzaron a recibir entrenamiento en cuarteles militares de Venezuela, respondiendo al llamado del presidente Nicolás Maduro para reforzar la defensa nacional frente al aumento de la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe.
En Caracas, la Milicia Nacional Bolivariana recibió instrucción directa de la Guardia de Honor Presidencial, mientras que actividades similares se llevaron a cabo en 312 cuarteles a nivel nacional. Este despliegue se enmarca dentro de la denominada “Operación Independencia 200”, iniciativa con la que el gobierno busca ampliar la participación civil en tareas de defensa.
Maduro denuncia incursión naval de EU
La jornada de entrenamientos coincidió con una nueva denuncia contra Washington. Caracas acusó a un destructor estadounidense de abordar y ocupar durante ocho horas un barco atunero venezolano dentro de su Zona Económica Exclusiva.
El incidente incrementó la tensión bilateral y fue utilizado por Maduro como argumento para insistir en la necesidad de fortalecer la preparación militar civil.
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En paralelo, la administración del presidente Donald Trump mantiene su postura de presión contra Maduro. Washington acusa al régimen venezolano de operar como un “narcoestado” con vínculos directos al Cartel de los Soles, organización integrada por altos mandos militares y civiles chavistas señalados de controlar el tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense.
Las acusaciones también incluyen presunta colaboración con grupos armados colombianos, como las FARC y el ELN, quienes habrían usado a Venezuela como ruta para exportar drogas hacia México y EU. El Departamento de Justicia ha emitido órdenes de captura y ofrecido recompensas de hasta 50 millones de dólares por información que conduzca a la detención de Maduro y otros funcionarios de su círculo cercano.
Confiscación de bienes y presión económica contra Maduro
A las acusaciones penales se suma la confiscación de activos y propiedades por parte de agencias estadounidenses. Se estima que más de 500 millones de dólares en bienes (incluyendo mansiones, aviones y joyas) vinculados al entorno presidencial han sido incautados como parte de estas medidas.
El gobierno de Trump sostiene que el régimen venezolano representa una amenaza directa a la seguridad nacional, no solo por el narcotráfico transnacional, sino también por su presunto apoyo a redes de terrorismo y corrupción internacional.
