Una década después de su adquisición, lo que representaba el anhelo de una vivienda digna para miles de familias en Huehuetoca se ha transformado en un territorio hostil, marcado por el engaño de promesas incumplidas.
Los compradores iniciales, que invirtieron hasta 390 mil pesos en propiedades de solo 60 metros cuadrados y dos recámaras, se sintieron estafados: las casas fueron entregadas prácticamente como estructuras sin terminar y sin servicios básicos elementales, como el suministro de agua.
Huehuetoca enfrenta una crisis habitacional debido a promesas incumplidas y ocupaciones ilegales
Además, la prometida conexión del ferrocarril metropolitano nunca se concretó, lo que provocó el abandono de las propiedades, un aumento de la violencia en la zona y, consecuentemente, un fenómeno de ocupación ilegal.
Para los propietarios que han mantenido sus pagos, la situación resulta profundamente inequitativa. Ellos cubren su financiamiento religiosamente y encuentran injusto que otras personas, sin formalidad alguna, simplemente tomen una residencia ajena.
No obstante, al mismo tiempo, reconocen la gran necesidad económica y la precariedad que empuja a otros a invadir estos espacios. La pregunta que resuena es crucial: ¿a quién se le están otorgando realmente estas viviendas?
Nuevo programa busca recuperar propiedades para ofrecer arrendamiento
En medio de este caos, surge la expectativa por un nuevo programa federal de vivienda. Este proyecto masivo busca recuperar cerca de un millón de propiedades que el Infonavit readquirió tras el incumplimiento en el pago de los créditos hipotecarios.
La estrategia consiste en rehabilitar estas casas usadas para ofrecerlas en un esquema de arrendamiento con posibilidad de compra, además de impulsar la construcción de nuevas unidades. Los residentes de Huehuetoca se cuestionan si esta iniciativa federal abordará su problemática, legalizando o regularizando su situación actual.
El problema es vasto: existe un universo de cerca de dos millones de casas donde la edificación se detuvo a medio camino. Esto incluye un desarrollo específico de 60 residencias que quedaron paralizadas tras la quiebra de la constructora Urbi, las cuales fueron inmediatamente ocupadas por familias que vieron en el abandono una oportunidad.
Estas personas, muchas de ellas obligadas a reubicarse tras quedarse sin empleo y no poder costear una renta, se invitaron a participar en el proyecto de habitar y terminar las casas. La diferencia es notable: quienes ocuparon las estructuras básicas que dejó la empresa han tenido que construir por cuenta propia elementos esenciales como banquetas, drenaje y portones, demostrando un alto grado de organización, con 78 familias viviendo actualmente en esa zona.
Algunos “nuevos inquilinos” incluso están rentando las propiedades a sus dueños originales, quienes nunca las habitaron debido a la lejanía del transporte y las fuentes de trabajo.
Por ahora, a pesar de que la idea de la legalidad les atrae, los residentes están en un limbo legal, pues aún no ha llegado personal del Infonavit para realizar un censo o una evaluación de su situación. En la espera, prevalece la incertidumbre sobre la claridad y la seriedad con la que serán evaluados.
