“Detector de mentiras”: El instrumento presidencial para moldear la realidad
El “detector de mentiras” presidencial no desmiente las evidencias que apuntan a una manipulación política profunda en la elección judicial... otra mentira.
Una vez más, ha quedado demostrado que el llamado “detector de mentiras” utilizado por la Presidencia de la República no cumple con desmentir objetivamente las críticas. Este mecanismo parece más un instrumento para controlar y moldear la narrativa oficial, en lugar de un medio transparente y confiable para informar a la ciudadanía.
Control político disfrazado de autonomía
La Presidencia sostiene que Morena no controlará al Poder Judicial porque los aspirantes se inscribieron de forma individual ante comités evaluadores independientes. Sin embargo, se omite que dichos comités están bajo la influencia directa de Morena, lo que compromete su autonomía.
Más grave aún, el Comité Evaluador del Poder Judicial fue impedido de nombrar a sus propios candidatos, asumiendo esta tarea el Poder Legislativo, también dominado por Morena. Esta manipulación evidencia un control político disfrazado de proceso técnico, minando la independencia judicial.
Candidatos cuestionados y riesgos para la justicia
El Gobierno asegura que la elección judicial evitará que candidatos ligados al crimen organizado resulten electos. No obstante, está documentado que al menos 23 aspirantes no cumplen con los requisitos mínimos. Entre ellos, dos casos que ilustran la gravedad del problema:
- Luis Castañeda, subdirector de la Consejería Jurídica de la Presidencia, formalmente acusado de violencia de género, acoso y homicidio por atropellamiento.
- Leopoldo Javier Chávez Vargas, candidato a juez en Durango, preso en Estados Unidos entre 2015 y 2021 por tráfico de drogas.
Eso sin mencionar otros perfiles cuestionables, lo que pone en tela de juicio la limpieza y legitimidad del proceso.
La falsa garantía de transparencia en el conteo de votos
El Gobierno afirma que serán ciudadanos quienes cuenten físicamente los votos en la elección judicial a través de consejos distritales. Sin embargo, estos consejos están integrados por personal contratado por el INE para procesos extraordinarios, y el conteo será realizado por trabajadores electorales en condiciones que no permiten supervisión pública real.
Además, la reforma electoral impide resultados inmediatos y confiables, generando un ambiente de incertidumbre y desconfianza.
El sofisma de la invitación al voto democrático
Finalmente, la Presidencia intenta desacreditar a quienes cuestionan la elección acusándolos de antidemocráticos por “llamar a no votar”. En realidad, ningún medio con alcance nacional ha llamado a abstenerse; la crítica radica en defender el derecho a decidir informadamente y no participar en un proceso viciado. Cada ciudadano es libre de votar o no, pero también de cuestionar la legitimidad de una elección permeada por intereses partidistas.
En conclusión, el “detector de mentiras” presidencial no desmiente las evidencias que apuntan a una manipulación política profunda en la elección judicial. La ciudadanía merece procesos auténticamente transparentes y autónomos que fortalezcan, no debiliten, el Estado de Derecho.
