A más de dos meses de la llamada Marcha de la "Generación Z", realizada el 15 de noviembre en la Ciudad de México (CDMX), donde varios fueron detenidos por actos violentos y agresiones contra policías, el caso sigue lejos de cerrarse.
Siete de las 18 personas detenidas durante la movilización presentaron una denuncia formal contra autoridades judiciales capitalinas, a quienes acusan de mantener estancados, lentos y plagados de irregularidades los procesos legales en su contra.
¿Por qué los detenidos de la Marcha de la Generación Z denunciaron a la fiscalía?
De acuerdo con Ricardo Colorado, abogado de siete de los detenidos , la Fiscalía General de Justicia ha incurrido en múltiples irregularidades.
Entre ellas destacan la falta de notificación de audiencias, la interrupción total de la comunicación con los imputados y la ausencia de avances tanto en sus procesos penales como en las denuncias que ellos mismos interpusieron.
"Hemos denunciado el hecho típico señalado como robo, privación ilegal, de la libertad, abuso de autoridad, así como la tortura, tanto física para como carácter psicológico", afirmó el abogado.
Dos jóvenes siguen en prisión preventiva pese a inconsistencias
Aunque la mayoría de los detenidos lleva su proceso en libertad, dos jóvenes continúan encarcelados. Se trata de Brayan Alexis, de 28 años, y Eduardo Josafat, de 27, quienes permanecen en prisión preventiva en el Reclusorio Norte, acusados de lesiones y robo.
Sus defensores aseguran haber presentado pruebas de arraigo, testimonios y evidencia que los deslindan de los hechos violentos. Aun así, los jueces no han modificado las medidas cautelares, lo que ha generado indignación entre familiares y colectivos.
Durante la presentación de la denuncia, varios de los jóvenes relataron el impacto emocional y físico que han vivido desde su detención. Sergio David Velasco Rodríguez aseguró haber sido víctima de tortura y pidió que el proceso termine de una vez.
"Yo quiero que me den completamente mi libertad, fui golpeado, fui torturado, estoy muy mal mi familia ya estamos hasta el límite, no aguanto más", expresó.
Denuncias por abuso de autoridad tras marcha "Generación Z"
Ante las inconsistencias, los abogados anunciaron que presentarán denuncias ante la Fiscalía Especializada en Servidores Públicos, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y la Fiscalía General de la República, con el objetivo de que el caso pueda ser atraído por autoridades federales.
También denunciaron que las autoridades locales habrían bloqueado la aplicación del Protocolo de Estambul, mecanismo internacional para documentar tortura. Incluso, otro representante legal adelantó que el caso podría llegar hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Aunque algunos siguen su proceso en libertad, los implicados aseguran vivir una pesadilla desde el 15 de noviembre. Deben firmar periódicamente, tienen restricciones de movilidad y tienen prohibido acercarse al Zócalo o participar en manifestaciones, lo que consideran una violación a su derecho a la protesta.
