Avalan ley contra extorsión; oposición alerta riesgo para la prensa

La Cámara de Diputados aprobó por mayoría de votos las modificaciones que realizó el Senado a la Ley General en materia de Extorsión, la cual contempla penas de hasta 42 años de prisión para quien cometa este delito bajo cualquier modalidad. Tras su votación, el dictamen fue turnado al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y posterior entrada en vigor.

Los legisladores dispensaron los trámites legislativos habituales, lo que permitió discutir la minuta directamente en el pleno. En lo general, la reforma fue aprobada por unanimidad, reflejando el consenso respecto a la urgencia de combatir este delito que afecta a miles de personas y negocios en el país.

Sin embargo, en lo particular, el único grupo parlamentario que votó en contra fue el PRI, que expresó una fuerte preocupación por la redacción de la fracción quinta del artículo 17, la cual —según sus legisladores— podría abrir la puerta a la criminalización de los medios de comunicación y afectar directamente la libertad de expresión.

Los priistas presentaron una reserva para eliminar dicha fracción con el objetivo de garantizar que la ley no se utilice como herramienta para silenciar a la prensa o limitar el ejercicio periodístico. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por la mayoría.

Durante la discusión, el diputado Alejandro Domínguez del PRI subió a tribuna para advertir sobre los riesgos de mantener esa redacción en el artículo 17. Señaló que, aunque su partido respalda plenamente la estrategia nacional contra la extorsión, no permitirá que la lucha contra el crimen organizado se convierta en motivo para coartar el derecho ciudadano a estar informado.

“Respaldo pleno a la estrategia contra la extorsión, sí, pero defiendo firmemente que ese combate no se convierta en una excusa para coartar el derecho de los ciudadanos a estar informados y exigir rendición de cuentas. Preservar una prensa libre es preservar la democracia misma”, expresó el legislador. De acuerdo con Domínguez, es fundamental asegurar que las herramientas legales para combatir la extorsión no se utilicen para intimidar a quienes ejercen labores informativas.

Al final, los cambios hechos por los senadores a la Ley contra la Extorsión quedaron aprobados en lo general y lo particular, por lo que sólo resta su publicación para que entren en vigor. La reforma incluye mayores penalidades, nuevas definiciones de modalidades de extorsión y ampliación de facultades para autoridades encargadas de la seguridad y la procuración de justicia.

Organizaciones civiles y expertos en libertad de expresión ya han comenzado a analizar el alcance del artículo señalado, mientras que legisladores del PRI aseguraron que seguirán insistiendo en proteger los derechos de periodistas y comunicadores.