“Es abuso sexual, no usos y costumbres": Activista Eufrosina Cruz, sobre boda infantil en Guerrero

La reciente celebración de un matrimonio infantil en San Pedro Cuitlapa, Guerrero, el 5 de mayo de 2025, ha desatado la furia de la activista y escritora Eufrosina Cruz, quien no dudó en calificar el hecho como un “abuso sexual” perpetuado por la inacción gubernamental y justificado bajo una errónea interpretación de los “usos y costumbres”.

A pesar de la prohibición legal del matrimonio infantil en el estado desde 2019, estas prácticas persisten en algunas comunidades indígenas ante la pasividad de las autoridades en sus tres niveles.

En entrevista para Hechos AM, Cruz expresó su indignación no solo por las imágenes del evento, sino por la “más indignante” falta de acción de las instituciones. Recordó que desde 2023, el Código Penal Federal tipifica estas uniones como delito grave, señalando la clara omisión de padres, autoridades locales, el entorno comunitario y, de manera contundente, de la fiscalía y el gobierno de Guerrero. Para la activista, es inaceptable sostener esta “aberración” bajo el pretexto de los usos y costumbres, insistiendo en que se trata de abuso sexual “aquí y en donde sea”.

Las declaraciones del fotógrafo que documentó la boda, minimizando lo ocurrido al afirmar que no hubo coerción y que las edades de los contrayentes eran de 16 y 17 años, fueron tajantemente rechazadas por Cruz.

La defensora de la infancia enfatizó que la ley es clara al establecer los 18 años como la edad mínima para contraer matrimonio, por lo que cualquier unión con menores es ilegal. En un desafío directo a la gobernadora de Guerrero, Cruz, cuestionó su inacción y la instó a asumir su responsabilidad en la protección de la niñez en el estado, señalando que las apariencias sugieren edades mucho menores, entre 12 y 14 años.

Cruz lamentó la paradoja de que en México se sancionen con severidad delitos relacionados con mascotas exóticas o el aguacate, mientras se tolera el abuso sexual infantil disfrazado de tradición. Criticó la postura del fotógrafo y exigió que se aplique la ley contra todos los involucrados.

La activista también denunció la ausencia de un protocolo nacional para abordar estos casos y la lentitud de los estados en armonizar sus leyes con el Código Penal Federal. Para ella, la presencia de mujeres en cargos de poder es irrelevante si no se traduce en medidas efectivas para proteger a las niñas, principales víctimas de estos matrimonios forzados que truncan sus oportunidades de desarrollo.

“Eso se llama abuso sexual aquí y en donde sea, justificada por una sociedad incluyendo usted”, sentenció Cruz, refiriéndose a la gobernadora. Ante la falta de sanciones a pesar de la existencia de leyes que penalizan hasta con 15 años de prisión a quienes obliguen a menores a casarse, la activista exigió la aplicación del artículo 29 del Código Penal Federal, que aborda la cohabitación forzada, incluyendo la autorización de los padres, la conciencia de autoridades locales y registros civiles ante estos hechos.

Cruz lamentó que las leyes sean ineficaces sin la actuación decidida de las instituciones, anunciando su intención de adentrarse en las comunidades afectadas para acompañar a las víctimas a denunciar, reconociendo la dificultad de hacerlo en su propio entorno familiar.

En contraposición, el gobierno municipal del pueblo de Tlacoachistlahuaca emitió un comunicado negando su aval a los matrimonios infantiles y asegurando haber realizado talleres y campañas informativas para erradicar estas prácticas.

La oficial del Registro Civil afirmó no haber tenido participación en la boda y recordó que la ley exige la mayoría de edad para el matrimonio. El procurador de protección de menores también rechazó estas uniones, comprometiéndose a trabajar para concienciar a la población. Sin embargo, para Eufrosina Cruz, estas declaraciones contrastan con la realidad de la persistencia de estas bodas y la falta de acciones concretas y contundentes por parte de las autoridades estatales para hacer valer la ley.