La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó la liberación de los militares implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, por lo que anunció que impugnará dicha resolución.
“La FGR rechaza de manera tajante la determinación de la Jueza del Segundo Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo y de los Magistrados del tribunal colegiado correspondiente, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio”, informó en un comunicado.
La jueza ordenó que 8 de 13 militares acusados por el caso Ayotzinapa, puedan enfrentar su proceso en libertad. Este cambio de medida cautelar implica que puedan seguir su juicio fuera de la prisión castrense del Campo Militar 1, donde estaban desde junio de 2023. Los soldados deberán pagar una garantía económica de 50 mil pesos, acudir a firmar periódicamente el libro de procesados y entregar su pasaporte.
La dependencia mencionó que se trata de “una secuela procesal absolutamente cuestionable para los derechos y para la protección de las víctimas”, ya que le otorgaron “ventajas indebidas a quienes no lo merecen, y desconocieron las resoluciones de jueces que determinaron prisión preventiva justificada para ocho miembros de las Fuerzas Armadas quienes fueron acusados de delitos graves en el caso Ayotzinapa”.
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— FGR México (@FGRMexico) January 21, 2024
Explicó que la resolución se dio aplicando procedimientos de amparo y de ampliación de amparo “con el propósito de generar una evidente situación de injusticia, que está afectando a 43 desaparecidos, a sus familias, a su seguridad y a la nación misma, dada la brutalidad de los abusos cometidos y del peligro de una libertad procesal para quienes cometieron el delito de desaparición forzada de personas sobre las cuales ahora se determina una libertad procesal de alta peligrosidad”.
Liberación de militares ligados a caso Ayotzinapa es injusta para víctimas: FGR
La Fiscalía calificó dicha resolución como “absolutamente injusta para las víctimas y para el Estado Mexicano dada la gravedad de los delitos que se cometieron en el caso Ayotzinapa”.
Anunció que presentará de inmediato los recursos correspondientes para garantizar los derechos y la seguridad de las víctimas e “iniciará las acciones que señala el artículo 225, fracciones VI, VII y VIII del Código Penal Federal, que castigan como delito los hechos cometidos en contra de la administración de justicia, entorpeciendo la misma y concediendo ventajas indebidas a quienes no lo merecen”.
Acusó que esta conducta procesal “notoriamente injusta”, que se repite constantemente en asuntos de trascendencia nacional o de importancia política, es usada por algunos medios de manera “parcial y engañosa”.
