La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, a quien señala de haber recibido 18 millones de pesos provenientes del esquema conocido como “huachicol fiscal”. Según el documento judicial al que Azteca Noticias tuvo acceso, el exmandatario se desempeñó desde noviembre de 2021 como secretario técnico del Consejo de Administración de la empresa Ingemar. Esta compañía, fundada en agosto de 2018 y reorientada ese mismo año hacia la importación y almacenamiento de hidrocarburos, es acusada por la representación social de reportar únicamente el 10 % del combustible que ingresaba formalmente a territorio nacional, colaborando logísticamente con la firma Servicios Aduanales JR para consumar las operaciones irregulares.
Las pesquisas integradas en la carpeta de investigación revelan que el punto de quiebre de la indagatoria ocurrió en junio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila, con el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo, seguido por el decomiso de otros 93 vagones un mes después en un patio de desvío en Saltillo. En total, la red criminal introdujo al país 15 millones de litros de combustible bajo el amparo de declaraciones falsas, simulando que el cargamento correspondía a aceite lubricante o subreportando de forma sistemática los volúmenes reales manifestados ante la autoridad aduanera.
El expediente de la FGR detalla que esta presunta red de contrabando operó de manera continua utilizando los cruces aduanales de Matamoros y Laredo, Tamaulipas, recintos que se encontraban ya bajo la responsabilidad y el control de la administración del gobierno federal. El caso pone en entredicho los controles de fiscalización en los puntos fronterizos del país, abriendo la interrogante de cómo lograron ingresar millones de litros de hidrocarburo sin que los mandos a cargo detectaran la evasión o si existió complicidad por parte de personal gubernamental para permitir la operación.
