Un juez federal frenó este jueves el nombramiento que debe realizar el Senado de la República de una comisionada para el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). La decisión del juzgador se dio tras el amparo promovido por Yadira Alarcón y sólo a ella beneficia la resolución judicial.
El titular del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa concedió una suspensión provisional, vigente hasta el 13 de abril, a Yadira Alarcón, quien el 1 de marzo ya había sido electa como comisionada, pero cuyo nombramiento, así como el de Rafael Luna, fue objetados por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“La medida cautelar que se concede no suspende cualquier otro acto diverso al señalado en la demanda y no implica que la quejosa pueda asumir el cargo y percibir la contraprestación correspondiente.
“Toda vez que, conforme a las normas que establecen el procedimiento, el cargo se asume únicamente cuando transcurran diez días hábiles posteriores al nombramiento, y el presidente no presente objeción”, señala el acuerdo del juzgador.
El 13 de abril se decidirá si concede la suspensión definitiva
Según fuentes judiciales, el efecto de la suspensión concedida por el juez Martín Santos es que no se nombre a la persona que ocuparía el puesto para el que Alarcón ya había sido designada, mientras se tramita el juicio. Santos decidirá el 13 de abril si concede la suspensión definitiva.
El caso podría llegar a tribunales en los próximos días pues existe la resolución de la jueza Celina Rico, quien concedió a Francisco Ciscomani, integrante del Consejo Consultivo del INAI, un amparo para obligar a que se concreten estos nombramientos.
Apenas el lunes el INAI impugnó ante la Suprema Corte la falta de nombramientos para cubrir las vacantes de su pleno. Esta demanda se suma a los amparos que ya analizan jueces federales por el mismo tema.
En su controversia constitucional, la cual será turnada a alguno de los integrantes del máximo tribunal del país, el organismo autónomo acusa el veto del presidente de la República al nombramiento de quienes habían sido designados por el Senado como integrantes del Instituto.
El pleno del Instituto aprobó presentar ante la Corte ese medio control constitucional, al advertir que ante la falta de nombramientos de las posiciones vacantes en el órgano de dirección se vulnera de manera directa el diseño institucional establecido por la Constitución para la integración del Pleno.
Además se inhabilitaría al pleno para sesionar válidamente, con lo cual no podría cumplirse a cabalidad con el mandato que la Constitución le encomienda, afectando los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, en perjuicio de todas y todos los mexicanos.
