Confieso que hay mañanas en que me despierto con la esperanza intacta. Me digo que los pueblos aprenden y que la izquierda latinoamericana ya no será esa historia que se repite indefinidamente. Y luego enciendo el teléfono.
El domingo 31 de mayo, Colombia fue a votar. Más de 41 millones de ciudadanos convocados a las urnas en una jornada que debería haber sido, simplemente, una fiesta democrática. La participación superó todo lo visto en años recientes. Los resultados llegaron ordenados, sin incidentes reportados, con más del 99% de las mesas escrutadas sin ninguna novedad. Abelardo de la Espriella encabezó la primera vuelta con más del 43% de los votos; Iván Cepeda, el candidato del oficialismo y del Pacto Histórico de Gustavo Petro, quedó en segundo lugar con cerca del 41%. Ninguno alcanzó la mayoría absoluta. Habrá segunda vuelta el 21 de junio. Una democracia funcionando exactamente como debe.
Y entonces habló el presidente.
El eterno manual del perdedor
Lo que dijo Gustavo Petro esa misma noche no fue una denuncia jurídica,aunque se disfrazara de tal. Fue algo mucho más antiguo y mucho más peligroso: el intento de envenenar el pozo antes de que alguien beba. A través de sus redes sociales, el mandatario colombiano declaró que no aceptaba los resultados del preconteo. Sus argumentos: que el software electoral habría sido modificado en la semana previa a la votación.
La Registraduría respondió de inmediato que el proceso había sido impecable. La Misión de Observación Electoral, organismo independiente de reconocida trayectoria, rechazó enérgicamente las declaraciones presidenciales. El Procurador señaló que no existía evidencia de reclamación alguna que justificara semejante cuestionamiento. Los observadores internacionales respaldaron la validez de los resultados. Y aun así, Petro insistió.
Lo más revelador no es la denuncia en sí. Es su origen. Porque investigadores colombianos documentaron que entre enero y abril de 2026, meses antes de las elecciones, circularon cerca de mil ochocientas publicaciones en redes sociales vinculadas al entorno oficialista sembrando dudas sobre un posible fraude electoral. Casi cinco publicaciones diarias preparando el terreno. Eso no es una reacción espontánea ante una irregularidad. Es una estrategia deliberada. Una póliza de seguro comprada con anticipación para el día en que llegaran los números que no gustan.
Y hay una ironía que debería arder en la conciencia de cualquier demócrata: Gustavo Petro llegó a la presidencia de Colombia en 2022 gracias al mismo sistema que hoy impugna. El mismo software. La misma Registraduría. Los mismos algoritmos. Cuando ese sistema le dio la victoria, era la expresión legítima de la voluntad popular. Cuando ese mismo sistema amenaza con no favorecer a su candidato, de repente es sospechoso, manipulable, controlado por intereses oscuros. Sus cuestionamientos al sistema electoral, además, no son novedad: se remontan a 2018, cuando perdió por primera vez.
Continuaron en 2022, a pesar de ganar. Y reaparecen ahora, puntuales como un reloj, cuando los resultados no coinciden con lo esperado. La constante no es el fraude. La constante es la incapacidad de aceptar que el pueblo tiene el derecho de votar distinto a lo que él considera correcto.
El padre del guión
Para entender a Petro hay que leer a Chávez. No al Chávez de 1999, cuando llegó al poder con una energía arrolladora y una legitimidad que nadie discutía.
Hay que leer al Chávez de cada vez que las encuestas le dieron malas noticias. El presidente venezolano construyó la arquitectura ideológica que hoy usan sus herederos en toda la región: las elecciones son válidas cuando las gano yo; son fraudulentas, compradas, imperialistas o manipuladas cuando las pierdo.
Cuando perdió el referéndum constitucional de 2007 dejó claro que consideraba un error histórico lo que el pueblo había decidido.
La convocó de nuevo hasta obtener el resultado deseado en 2009. La diferencia entre democracia y tiranía, en el léxico bolivariano, dependía exclusivamente de quién contaba los votos y para quién.
Chávez instituyó algo que sus discípulos han perfeccionado con elegancia quirúrgica: la democracia como instrumento desechable. Útil, solo para llegar. Prescindible para quedarse.
La arquitectura del fraude preventivo
Lo más sofisticado del fenómeno no es negar una derrota consumada. Eso lo hace cualquier autócrata torpe. Lo verdaderamente perverso es la siembra preventiva de la desconfianza. Contaminar el ambiente antes del resultado.
Que cuando lleguen los números adversos, ya exista en el imaginario colectivo la posibilidad de que son falsos, de que alguien los manipuló, de que el pueblo real votó diferente a lo que muestran las pantallas.
El fraude electoral como narrativa cumple varias funciones simultáneas: moviliza a la base emocional, deslegitima al rival antes de que gane, justifica reacciones futuras que de otro modo serían inaceptables y, sobre todo, convierte la derrota en traición. Si perdiste, no es que el pueblo haya decidido otra cosa: es que te robaron. Y contra el robo, cualquier reacción puede parecer justa. Cualquier cosa. Incluso no reconocer una segunda vuelta.
Nicaragua resolvió el problema de la manera más radical: Ortega simplemente encarceló a los candidatos opositores antes de las elecciones. Ya no hay a quién perderle. Cuba perfeccionó el modelo décadas antes: un sistema donde votar es obligatorio pero elegir es imposible. Venezuela está en el punto medio: hay urnas, hay papeletas, hay actos, pero los resultados los decide quien ya decidió no perder jamás.
Colombia todavía no está ahí. Y precisamente por eso hay que decirlo ahora, mientras todavía importa.
Lo que está en juego
Me preocupa Colombia. Me preocupa con la misma angustia con que me preocupó Venezuela en 2006. Porque conozco el siguiente capítulo. Lo he leído demasiadas veces.
Iván Cepeda va a segunda vuelta. Puede ganar perfectamente. Si gana con legitimidad, el sistema habrá funcionado y habrá que respetarlo. Pero si pierde, ya está sembrada la semilla.
Ya hay un presidente en ejercicio que declaró públicamente que no confía en el proceso. Que hay cédulas fantasmas. Que los algoritmos fueron alterados. ¿Qué ocurrirá cuando esos resultados lleguen?, ¿Qué hará un movimiento político que ya aprendió que cuestionar las urnas es más rentable que respetarlas? ¿Quién contendrá a una base movilizada durante meses con la narrativa del robo?
Colombia merece una segunda vuelta limpia, una transición pacífica y un presidente que llegue con la legitimidad intacta, sea quien sea. Merece que el hombre que hoy ocupa la Casa de Nariño tenga la grandeza de entender que su legado se juega precisamente en estas semanas: en si fue capaz de dejar que el pueblo decidiera libremente, o si prefirió sabotear la partida antes de perderla.
A la izquierda latinoamericana le cuesta perder
El hecho de que en el pasado hayan robado elecciones no significa que toda derrota es un robo. Y la diferencia entre un demócrata que ha sufrido fraude real y un político que usa el fraude como coartada está precisamente en eso: en la disposición a someterse al veredicto de las urnas, incluso cuando duele, incluso cuando el pueblo decide diferente a lo que uno considera correcto o justo o necesario.
Las democracias mueren despacio. No siempre con tanques en las calles. A veces mueren con declaraciones en redes sociales. Con presidentes que anuncian que solo reconocerán los resultados que certifiquen los jueces que ellos controlan. Con una narrativa que, de tanto repetirse, termina siendo creída precisamente por quienes más la necesitan creer.
Los que saben perder construyen repúblicas. Los que no saben perder construyen ruinas.
Ojalá el 21 de junio Colombia vote en paz y los resultados sean aceptados por todos los actores, sin excepción.
Y si algo enseña esa historia, es que quienes siembran duda raramente cosechan paz.
