La documentación de la crisis de desapariciones y fosas clandestinas en el país cuenta con un nuevo instrumento de consulta pública que evidencia las contradicciones metodológicas y la opacidad de los ministerios públicos.
Un mapa interactivo para rastrear el horror por municipios
La Plataforma Ciudadana de Fosas Clandestinas funciona a través de una interfaz geográfica que permite a los usuarios filtrar la información por estados, municipios y años.
Al explorar entidades como Morelos en el periodo de 2018 a 2024, el sistema ilumina en color amarillo los territorios donde los entierros ilegales solo han sido documentados por la prensa, demostrando que los medios de comunicación suelen llegar antes que las autoridades criminalísticas.
El caso de Sinaloa y los datos ocultos de la prensa
Al cambiar la búsqueda hacia el estado de Sinaloa, el mapa tiñe de color gris a demarcaciones como Ahome y El Fuerte. Esta nomenclatura específica significa que en esas zonas coinciden los hallazgos de los periodistas, de la fiscalía local y de la Fiscalía General de la República (FGR); la base de datos detalla, por ejemplo, que tan solo la fiscalía sinaloense tiene el registro oficial de 36 fosas clandestinas ubicadas en el municipio de Ahome.
La FGR reporta cuatro veces menos fosas que los estados
Jessica Alcázar, oficial de investigación de Artículo 19, señaló que la plataforma cuenta con un modelo predictivo para identificar patrones de ocultamiento y expuso la enorme disparidad en los conteos del año 2024.
Mientras que la FGR afirmó en sus informes que solo localizó 18 fosas en toda la República Mexicana, el conjunto de las fiscalías locales reportó un total de 1,451 sitios, lo que deja al descubierto la falta de coordinación federal.
Entidades federativas que niegan tener entierros ilegales
El monitoreo civil destapó que, al tramitar solicitudes de transparencia, las fiscalías de Quintana Roo, Yucatán, Campeche y la Ciudad de México respondieron formalmente que en sus territorios no existe una sola fosa clandestina.
Por otro lado, las instituciones de justicia de Baja California Sur, Durango, Hidalgo, Morelos y Veracruz optaron por declarar su incompetencia o negar abiertamente el acceso a sus archivos estadísticos.
Transparencia para dimensionar la emergencia forense
Los creadores de la herramienta, disponible en el sitio web plataformaciudadanadefosas.mx, enfatizaron que el derecho a la información es indispensable para los colectivos de búsqueda de familiares.
Advirtieron que el ocultamiento burocrático de los datos impide conocer la dimensión real de la crisis forense, por lo que urgieron a la ciudadanía a utilizar el mapa para presionar a las autoridades y exigir cuentas sobre los cuerpos localizados.
