La pérdida de un ser querido es irreparable; ninguna suma de dinero devuelve la vida ni borra el dolor. Sin embargo, en casos de accidentes y negligencias médicas, una indemnización justa es vital para que las familias no enfrenten la ruina económica en sus momentos más vulnerables. Ahora, este derecho está en riesgo: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá un proyecto que pretende reducir drásticamente los montos a pagar.
El Proyecto: Pagar en UMAS, No en Salarios Mínimos
La ministra Lenia Batres Guadarrama tiene listo un proyecto para discutirse este jueves en el Pleno, el cual propone que la reparación del daño patrimonial y moral se calcule con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no en Salarios Mínimos, como se hace actualmente para buscar el mayor beneficio.
Expertos en derecho alertan que esto devalúa la vida de las víctimas de un plumazo, pues la diferencia económica es abismal:
- 1 UMA: 113 pesos.
- 1 Salario Mínimo: 278 pesos.
Haga cuentas: Mientras que 10 salarios mínimos equivalen a 2 mil 789 pesos, 10 UMAs son apenas mil 130 pesos. Esto representa una reducción real del 60% en el dinero que recibirían los afectados.
¿Beneficio al Pueblo o Ahorro para el Gobierno?
Especialistas señalan que, en el fondo, la ministra busca beneficiar al gobierno y no al pueblo. Al cambiar el cálculo, se le ahorraría una fortuna a las autoridades cuando sean halladas responsables de indemnizar a ciudadanos.
Esto aplicaría, por ejemplo, en casos de negligencias médicas en hospitales públicos, accidentes en obras del gobierno o servicios a su cargo. El Estado pagaría menos por sus errores, dejando desprotegidas a las víctimas.
“La creación de la Unidad de Medida (UMA), que no ha ido creciendo paralelamente junto con el salario mínimo... lo que hace claramente es dejar en desventaja y hacer que los montos de las indemnizaciones sean menores...”, advirtió Héctor Pérez, abogado.
Retroceso en Derechos Humanos
Juristas como Rodrigo Maldonado Ríos señalan que utilizar solo la UMA sería un grave retroceso en derechos adquiridos, violando el principio constitucional que obliga a aplicar siempre la norma de mayor beneficio para el ciudadano.
“Los afectados son la ciudadanía común. ¿En qué momento se van a devaluar los bienes tutelados? Porque una UMA no coincide proporcionalmente al monto real de un salario mínimo...”, cuestionó Maldonado. En lo que críticos llaman la “Corte del Acordeón”, el proyecto de Batres está listo para votarse, amenazando con abaratar el costo de la justicia y la reparación del daño para los mexicanos.












