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Del ataque físico al control informativo: periodistas enfrentan una nueva batalla por la libertad de expresión

Tras agresiones contra periodistas, surge otra alerta: el posible control de contenidos y la disputa por quién decide qué es verdad en México.

La violencia contra periodistas y las amenazas al gremio volvieron a encender las alertas sobre el estado de la libertad de expresión en México. Tras el asesinato de comunicadores y señalamientos como los realizados por el periodista Leyva contra figuras políticas, integrantes del gremio advierten que el problema no solo está en las agresiones físicas, sino también en los mecanismos que podrían limitar la información.

Para organizaciones defensoras de derechos humanos, la discusión sobre nuevas regulaciones en materia de contenidos debe analizarse con cuidado, pues existe preocupación de que bajo el argumento de ordenar la información puedan establecerse controles que afecten la labor periodística.

Especialistas advierten que regulación no debe convertirse en censura

Periodistas, ciudadanos y expertos cuestionaron quién tendría la facultad de determinar qué información es verdadera o falsa, así como los criterios para sancionar contenidos difundidos en medios o redes sociales.

Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, señaló que cualquier intento de vigilancia o restricción hacia periodistas y voces críticas representa un riesgo para una sociedad democrática.

Los críticos de estas medidas sostienen que conceptos como “derechos de las audiencias” podrían utilizarse para ampliar facultades del Estado sobre los contenidos informativos.

El debate por el control de la información llega a las redes sociales

Ciudadanos entrevistados señalaron su preocupación por que periodistas, medios e incluso usuarios de internet puedan ser limitados por emitir críticas al gobierno.

Especialistas en sociología y comunicación alertaron que otorgar a una instancia gubernamental la capacidad de monitorear mensajes digitales o intervenir en publicaciones podría afectar el derecho de las personas a expresarse libremente.

Mientras el gobierno sostiene que las regulaciones buscan ordenar el ecosistema informativo, organizaciones y periodistas advierten que cualquier medida debe garantizar la independencia de los medios y evitar que la autoridad determine qué puede o no conocer la sociedad.

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