El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", no solo desató el caos en las calles, sino que ha provocado un sismo en las altas esferas del poder en México. El imperio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otras organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa, jamás habría alcanzado su nivel de expansión y brutalidad sin la protección directa de funcionarios públicos. Hoy, los nombres de quienes les abrieron las puertas desde el gobierno han vuelto a cobrar relevancia.
De acuerdo con los registros de Narcopolíticos —una plataforma especializada en documentar mediante investigaciones rigurosas—, la red de protección en México alcanzó secretarías de seguridad, alcaldías clave, escaños en el Senado y gubernaturas.
El pacto en Tabasco: Adán Augusto y la protección al brazo armado del CJNG
El caso más escandaloso que resuena tras la muerte de "El Mencho" es el de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco. Azteca Noticias ha documentado cómo este funcionario no solo protegió al cártel, sino que fungió como líder de "La Barredora", el sanguinario brazo armado del CJNG en el sureste del país.
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El peso histórico y político de esta complicidad recae directamente sobre Adán Augusto López Hernández. El entonces gobernador de Tabasco recibió informes de inteligencia de la Sedena desde 2019 que le advertían claramente sobre los nexos criminales de Bermúdez. Sin embargo, Adán Augusto decidió ignorar las alertas militares y le entregó las llaves de la seguridad del estado. Bajo este manto de protección gubernamental, el operador del CJNG manejó a sus anchas el secuestro, la extorsión y el huachicol durante más de cinco años.
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El golpe de Estados Unidos: Políticos sin visa y gobernadores bajo la lupa
Los supuestos nexos documentados no se limitan al sureste del país, y las consecuencias ya han trascendido las fronteras. Tal como ha documentado Azteca Noticias, el gobierno de Estados Unidos ha comenzado a cobrar factura, revocando la visa a más de 50 políticos mexicanos y sus familiares por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales.
Entre los nombres de políticos en activo que han sufrido este duro golpe diplomático destacan la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su círculo cercano, junto con figuras estratégicas a nivel municipal como Norma Alicia Bustamante, alcaldesa de Mexicali, Óscar Eduardo Castro, alcalde de Puerto Peñasco, y el alcalde de Nogales, Sonora, Juan Francisco Gim.
A esta lista de funcionarios bajo el escrutinio internacional y señalados por la plataforma se suman mandatarios estatales en funciones con fuerte influencia en el país, como Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán y Ricardo Gallardo Cardona de San Luis Potosí.
El registro también apunta directamente al Congreso y a las figuras más mediáticas de la política nacional, exhibiendo al senador poblano Néstor Camarillo, al senador morenista Carlos Lomelí, pieza fundamental en Jalisco, cuna del CJNG, así como a Adrián de la Garza, actual alcalde de Monterrey, y a la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.
