Una madre lleva dos años buscando a sus mellizos, sustraídos presuntamente por su propio padre luego de que este dijera que los llevaría de vacaciones y es momento que no los ha podido ver de nuevo.
Jessica Vázquez, madre de los mellizos Héctor Damián y Luciana denuncia que fueron sustraídos ilegalmente por el padre de ambos desde enero de 2025. Aunque Héctor “N” ya está detenido, de los niños no se sabe nada.
Arturo, padre de los mellizos, dijo que los llevaría de vacaciones y su made no volvió a verlos
“Después de haberle pedido el divorcio; me dijo que me iba a quedar sin mis hijos y sin nada”, menciona Jessica. Acusa que dicha sustracción fue blindada por una denuncia de violencia familiar que el hombre puso en su contra, en lo que ella nombra como un modus operandi usual en violentadores vicarios.
“Consiguen medidas de protección; su intención es romper el vínculo entre la madre y los hijos, manipular a los niños psicológicamente para, después, lograr un rechazo, lograr quedarse con ellos de una manera legal e iniciar muchos procedimientos, como amparos, etcétera, para seguir impidiendo la vinculación con la mamá".
La sustracción como herramienta de violencia vicaria
Recientemente, el 2 de julio, Héctor “N”, fue detenido. Había sido vinculado a proceso. Incluso le dieron la medida de prisión preventiva, pero después tuvo conocimiento de que se mantenía en arraigo domiciliario.
La madre señala que la posición de su esposo, quien fungía como titular de la Defensoría Pública en Nuevo León, habría facilittado un manejo cuestionable de las carpetas de investigación, incluyendo la desaparición de un expediente de sustracción en Nuevo León durante nueve meses. A pesar de haber desacreditado con pruebas una denuncia por violencia familiar en su contra, Vázquez sigue esperando, tras siete meses, una resolución definitiva de la Fiscalía.
Irregularidades en las carpetas de investigación y manejo institucional
La situación legal del padre, Héctor N., escaló recientemente tras ser vinculado a proceso el pasado 4 de julio por el delito de violación agravada, cometido durante el matrimonio en una propiedad vacacional en Hidalgo.
No obstante, el caso dio un giro alarmante cuando el juez Salatiel Barbosa García reclasificó el delito a violencia familiar con daño psicológico, modificando la medida preventiva del imputado a arraigo domiciliario. Esta determinación ha sido duramente cuestionada por carecer, según la denunciante, de una perspectiva de género necesaria para evitar que la violencia escale a consecuencias fatales.
Tras la detención de Héctor N. el 1 de julio, la angustia de Jessica Vázquez se intensificó al no encontrar a sus hijos en el domicilio vacacional ubicado en Teguetlán, Hidalgo, donde reside la familia paterna.
No puede localizar al padre de sus hijos ni a sus mellizos
Testimonios de vecinos alertaron a la madre de que los abuelos habían abandonado el lugar con los menores de edad inmediatamente después del arresto, iniciando un proceso de traslado incierto entre las zonas limítrofes de Hidalgo y Veracruz. Ante esta situación, Vázquez ha interpuesto nuevas denuncias por sustracción contra los abuelos y otros presuntos cómplices.
Actualmente, el paradero de Héctor Damián y Luciana permanece como una incógnita, mientras las autoridades enfrentan complicaciones jurisdiccionales que han retrasado las acciones de búsqueda. La madre ha hecho un llamado urgente al Poder Judicial para que emita, sin más dilaciones, una orden de localización y restitución inmediata de los niños en todo el territorio nacional.
¿Qué es la violencia vicaria?
La violencia vicaria es una forma de violencia de género donde el agresor utiliza a las hijas e hijos como instrumentos para dañar, controlar o manipular a la madre. Este tipo de violencia busca romper el vínculo afectivo entre la madre y los menores, provocando un sufrimiento profundo y continuo mediante la separación forzada.
El modus operandi suele incluir la sustracción ilegal de los hijos, a menudo escudándose en denuncias falsas contra la madre para obtener medidas de protección a su favor. Posteriormente, el agresor inicia procesos legales prolongados y utiliza a terceros, como familiares, para ocultar el paradero de los menores y dificultar que la justicia logre su restitución.
